Actualizado 29/11/2013 15:07 CET

Piden 6 años de cárcel para un piquete de la huelga general del 29M de 2012

El abogado E.Cáliz, dos acusados del piquete 29M y una portavoz de Grup Soport
Foto: EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía de Barcelona ha pedido seis años de cárcel para el piquete y miembro de la organización de izquierda independentista Endevant, Roger S., por presuntamente impedir el derecho al trabajo y resistirse a la policía durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en el barrio de Sant Andreu.

   En su escrito de acusación solicita dos años y medio de cárcel por un doble delito contra el derecho al trabajo, y uno más por resistencia a la autoridad, según ha explicado este viernes en rueda de prensa su abogado, Eduardo Cáliz, que ha asegurado que lo único que hizo fue "bajar dos persianas de dos comercios".

   Según la versión que el propio acusado ha dado a los periodistas, al acabar el piquete de la mañana unos agentes Guardia Urbana se le "tiraron encima de manera violenta", y después varios policías respondieron con porrazos contra él y otras personas que se habían acercado para protestar por la detención.

   Entre quienes acudieron al ver que la Guardia Urbana estaba actuando "de forma muy violenta", se encontraba el conductor de autobús Saturnino M., miembro del sindicato CGT, para el que la Fiscalía ha pedido dos años de cárcel por su supuesta resistencia a la autoridad, según ha explicado él mismo a los periodistas.

"CRITERIOS POLÍTICOS"

   Los dos acusados han estado en la rueda de prensa de este viernes secundados por el 'Grupo de Apoyo 29M Sant Andreu', que considera "una aberración" la pena a la que se enfrentan, según ha explicado una de sus portavoces, de cara al juicio que todavía no tiene fecha.

   El abogado Eduardo Cáliz ha recordado que hasta el momento se han celebrado tres juicios relacionados con los hechos del 29 de marzo de 2012 --con decenas de detenidos-- que han acabado con diez absoluciones y una sola condena, lo que para él demuestra que la Fiscalía actúa con "criterios políticos".