BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudia aplicar la 'doctrina Parot' -establecida por el Tribunal Supremo al estudiar un recurso presentado por el miembro de ETA Henri Parot- a los condenados por delitos graves, como asesinatos o violaciones, y con riesgo de reincidencia, para conseguir que cumplan íntegramente el límite máximo legal de internamiento, al serles aplicados los beneficios penitenciarios que les puedan corresponder en cada condena impuesta.
Así lo explicó hoy la fiscal jefe del TSJC, Teresa Compte, en la que fue su primera rueda de prensa desde que en mayo tomara posesión de su cargo. Según dijo, esta medida y la de pedir a la Policía que vigile a los ex reclusos con pronóstico de reincidencia, "salvaguardando sus derechos fundamentales", son las únicas armas con las que cuenta actualmente la Fiscalía para prevenir la reincidencia en delitos graves.
La posible aplicación de la llamada 'doctrina Parot' se plantea después de la alarma social que generó el pasado mes de mayo la puesta en libertad de 'El segundo violador del Eixample', Alejandro Martínez, que salió de la prisión sin estar rehabilitado tras cumplir 16 de los 65 años que la Audiencia de Barcelona le impuso en 1992 por cinco delitos de violación, nueve agresiones sexuales --cuatro de ellas en grado de tentativa-- y cuatro faltas de lesiones.
Precisamente para evitar que este tipo de delincuentes obtenga la libertad definitiva antes de cumplir el límite máximo legal de la pena impuesta --que oscila entre los 20 y los 30 años de prisión--, la fiscal jefe del TSJC y la consellera de Justicia, Montserrat Tura, acordaron hoy crear una comisión de expertos que estudie medidas para prevenir la reincidencia en delitos graves.
La comisión, presidida por el ex fiscal jefe de Cataluña José María Mena, partirá del estudio de las experiencias legislativas en otros países de la Unión Europea y analizará la aplicación de la normativa que se hace en estos casos para, si se considera oportuno, proponer modificaciones legislativas al Congreso.
A la espera de que la comisión entregue a la Conselleria de Justicia sus conclusiones finales, que, según Tura, están previstas para dentro de "seis u ocho meses", la Fiscalía del TSJC estudia pedir a los jueces que apliquen la 'doctrina Parot', sentada en febrero de 2006 por el Tribunal Supremo a raíz de la revisión del caso del etarra Henri Parot, que fue condenado por 26 delitos a penas que sumaban 4.799 años de cárcel.
El alto tribunal estableció que las redenciones de pena debían ser aplicadas en cada una de las condenas impuestas sin considerar el límite máximo de cumplimiento de 30 años como una nueva condena a la que afenten los beneficios penitenciarios. Así, se consigue que se cumpla el tiempo máximo de encarcelamiento previsto en la legislación.
La Fiscalía decidirá antes de agosto si pide que se aplique la doctrina en los casos de delitos graves que afecten a la vida de las personas, como homicidios o asesinatos, y de agresiones sexuales, para que los beneficios penitenciarios se apliquen al total de la condena y no al límite legal de cumplimiento, como se hacía hasta revisar el caso de Parot. Ello, en la práctica, permite que los reclusos cumplan íntegramente el máximo previsto por la ley, entre 20 y 30 años según el tipo de delito.
PREVENIR LA REINCIDENCIA.
Según explicó Compte durante la rueda de prensa, la medida a la que recurre actualmente la Fiscalía para prevenir la reincidencia en delitos graves es "recordar a la Policía su función de prevención" y ordenar la vigilancia de ex reclusos con posibilidades de volver a delinquir que ya han obtenido la libertad definitiva, salvaguardando siempre sus derechos fundamentales.
"Nos movemos en un marco legal que no es el más fácil", señaló Compte, quien afirmó que, "como jurista", le gusta "que las cosas estén más claras y no dependan de interpretaciones jurídicas". Por ello, abogó por "perder el miedo" y abrir "un debate multidisciplinar" para abordar un problema hasta ahora "tabú", aunque finalmente sea el Congreso quien decida "si nuestra legislación es suficiente o hay que perfeccionarla".
De dicho debate se encargará la nueva comisión, que estará formada por 14 expertos de distintas disciplinas y con posiciones divergentes sobre el tema; entre ellos, magistrados de la Audiencia de Barcelona y del TSJC, médicos forenses, catedráticos en Derecho Penal, pediatras, periodistas y responsables de los Mossos d'Esquadra.
Según la consellera de Justicia, la comisión estudiará las medidas de control que se pueden aplicar sobre los ex reclusos que no se consideren rehabilitados y elaborará propuestas "para mejorar la atención a las víctimas y la actuación de las diferentes administraciones" que intervienen en estos casos.
