MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González-Mota ha informado en contra de la competencia de esta sede judicial en la investigación del supuesto uso del aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan por aviones de la CIA para el traslado de presos, y solicita que el caso sea remitido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), según informó hoy el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia, Juan Antonio García Jabaloy.
González-Mota ha presentado su informe al Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular, Ismael Moreno, debe resolver en los próximos días sobre la inhibición respecto de este asunto planteada por el juez instructor número 7 de Mallorca, Antonio Garcías, que fue quien empezó a investigar el caso.
Según explicó el portavoz durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el fiscal González-Mota "teniendo en cuenta la unidad de criterio de la Fiscalía", asume en su escrito la totalidad de los argumentos esgrimidos en su día por el fiscal del TSJB, que se posicionó en contra de la intención del juez Garcías de remitir la investigación de los hechos a la Audiencia Nacional.
Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el caso no puede incluirse "en principio", en ninguno de los supuestos que competen a este órgano judicial, que están regulados en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "sin perjuicio de que si a lo largo de la investigación surgen nuevos indicios, pudiera replantearse la competencia" de este órgano.
El artículo 65 de la LOPJ establece que la Audiencia Nacional competen los delitos de terrorismo, contra la Corona, falsificaciones de moneda, trafico de drogas por grupos organizados, defraudaciones que puedan producir grave repercusión en la economía nacional o delitos cometidos por españoles en el extranjero.
En un principio, la Fiscalía balear había archivado, tras estudiar un informe de la Guardia Civil, las diligencias que ella misma había abierto a raíz de una información sobre los vuelos de la CIA publicada en el "Diario de Mallorca" el 13 de marzo de 2005.
Al día siguiente un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas en relación con la utilización de la CIA del aeropuerto de Son Sant Joan para que aterrizaran aviones para el traslado de supuestos terroristas islamistas países donde se practica la tortura. A raíz de esta denuncia comenzó la instrucción del juez Garcías.
