La Fiscalía, en contra de recusar a la juez que preguntó a Otegi en un juicio si condenaba la violencia de ETA

Rueda de prensa de Arnaldo Otegi en Bilbao
EP
Actualizado: viernes, 1 abril 2011 19:57

Los "deseos" del ex portavoz de Batasuna "no son suficientes" para cambiar el tribunal que debe juzgarle por Bateragune, dice el fiscal

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de recusar a los tres magistrados que juzgaron al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi el pasado mes de enero por su participación en un acto celebrado en julio de 2005 en homenaje al miembro de ETA encarcelado José María Sagarduy, y que son los mismos que debían volver a enjuiciarle por su implicación en el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune.

La abogada defensora del ex portavoz de Batasuna alegó en su solicitud de recusación "falta de imparcialidad objetiva" de los tres jueces. La presidenta del citado tribunal, Ángela Murillo, preguntó al dirigente de la izquierda abertzale durante la celebración de la vista oral: "¿Usted condena rotundamente la violencia?" cuestión a la que Otegi respondió "no voy a contestar". La juez dijo entonces "muy bien, ya lo sabía".

El tribunal, compuesto por Murillo y los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, condenó al ex portavoz de Batasuna a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo. No obstante, el Tribunal Supremo anuló después esta condena y ordenó a la Audiencia Nacional repetir el juicio al apreciar falta de imparcialidad en los tres jueces.

Consideraba el Supremo que la presidenta del tribunal que le enjuició incurrió en falta de objetividad al realizar la pregunta al líder de Batasuna sobre la condena. Murillo "expresó un prejuicio" en contra del acusado, decía el alto tribunal.

LOS DESEOS DE OTEGI

El Ministerio Público en un escrito firmado por el fiscal jefe Javier Zaragoza asegura ahora que "los deseos o preferencias" de Otegi no pueden considerarse "justificación suficiente para establecer la falta de imparcialidad" de un tribunal. "Las dudas sobre la imparcialidad, para ser atendidas, no pueden basarse en meras impresiones sin que requieren una justificación objetiva", asegura la Fiscalía.

Si bien el fiscal reconoce que en el juicio en el que se acusaba al ex portavoz de Batasuna de enaltecer al miembro de ETA José María Sagarduy el tribunal pudo incurrir en una pérdida concreta de imparcialidad, defiende que este hecho no puede extrapolarse a otras causas del mismo acusado ante un tribunal con idéntica composición.

Así, indica que el objeto del juicio sobre el proyecto Bateragune destinado a suceder a Batasuna "es distinto". Si la pretensión de Otegi prosperase --dice Zaragoza-- se invertiría "sin razón ni motivo alguno la confianza en la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia".

"Hasta el momento no se ha producido circunstancia alguna que avale la existencia de prejuicio alguno por parte de los magistrados integrantes del tribunal", defiende el Ministerio Público.

LA SALA DEL 69

Tras la petición realizada por la abogada de Otegi, Jone Goiricelaia, la Audiencia Nacional dio inicio al incidente de recusación recogido por la ley, que supone convocar una sala especial regida por el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ya que entre los recusados hay más de dos magistrados de una de las salas.

La Sala del 69, integrada por 10 magistrados, está formada por el presidente Ángel Juanes, los presidentes de la Sala de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Otegi se encuentra en prisión preventiva por la causa de Bateragune desde el 16 de octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón, quien le imputó indiciariamente, junto al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y otros seis dirigentes de la izquierda abertzale, el intento de reconstruir Batasuna a través de un proyecto con el que pretendían crear "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado para los siete acusados una pena de 10 años de prisión por integración en organización terrorista.