MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía se ha opuesto a amparar al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al que fuera secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga ante el Tribunal Constitucional al considerar que "pertenecían en calidad de grupo político a la banda terrorista ETA" sin que, para lograr sus objetivos, "hayan renunciado en ningún momento al uso de las armas y sin que en su trayectoria se haya condenado la violencia, ni en grupo ni individualmente".
El Ministerio Público rechaza concederle el amparo --también solicitado por los otros tres condenados Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García-- en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó en mayo de 2012 por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del denominado 'proyecto Bateragune'.
Según especifica el escrito presentado este jueves ante el alto tribunal la falta de una "condena expresa de la violencia" ubica a los condenados "al otro lado de la legalidad". La Fiscalía indica, además, que existen "pluralidad de indicios" que apoyan las condenas impuestas y menciona la documentación incautada y las comparecencias de prensa de los condenados.
En opinión del fiscal, tanto la sentencia del TS como la de la Audiencia Nacional mantienen un correcto "esquema argumentativo" que lleva a dar por probada la autoría de todos los acusados. Apoya la conclusión del alto tribunal de que el grupo de acusados "lejos de su pretensión de grupo neutro" mantienen "vinculación con las ideas violentas de ETA" por lo que su actuación obedece a una estrategia típica de la banda "de desdoblamiento de funciones, asumiendo la lucha armada y delegando la faceta política en grupos satélites, relacionados con la izquierda abertzale".
Otegi permanece en prisión desde octubre de 2009 y Diez Usabiaga también se encuentra actualmente en la cárcel, aunque logró un permiso para asistir a su madre que le concedió el juez Baltasar Garzón en abril de 2010 y no volvió a un centro penitenciario hasta noviembre de 2011.
En mayo del pasado año, el Tribunal Supremo rebajó de 10 a 6 años y medio la pena impuesta a Otegi y Díez Usabiaga por el delito de pertenencia a organización terrorista que les había puesto previamente la Audiencia Nacional, al considerar que no deberían haber sido condenados en grado de dirigentes.
Por otra parte, la Sala también redujo de ocho a seis años de cárcel la condena al resto de los acusados en la causa de 'Bateragune' Miren Zabaleta, la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y el exresponsable de Haika en Alava Arkaitz Rodríguez.
El Tribunal Constitucional rechazó el pasado mes de junio suspender la condena impuesta a los condenados. El fiscal defendió entonces denegar la suspensión de la condena por la "trascendencia social" de los delitos por los que fueron condenados y también por ser la prisiones impuestas "superiores en más de un año a la pena fronteriza de 5 años, lo que les sitúa fuera de los beneficios" de la medida solicitada.
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