BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
CiU y Manos Limpias llevaron ante Fiscalía por separado los informes que la Generalitat encargó a externos durante la segunda legislatura del tripartito, aunque las denuncias fueron archivadas, en 2011 y 2010, respectivamente.
Esta polémica ha vuelto a salir a la luz pública después de que el Govern haya hecho público este martes que tres de estos informes fueron encargados a la agencia de detectives Método 3 o a alguna de sus diez filiales.
Método 3, investigada por presuntamente haber espiado a dirigentes políticos catalanes, hizo tres informes para el Govern entre 2006 y 2010: uno sobre el cultivo de las avellanas, que encargó la consejería de Agricultura y que costó 30.000 euros; otro sobre seguridad técnica, en 2007; y un tercero para la Conselleria de Innovación, Universidades y Empresa, que entregó en 2009.
Desde 2010, el Govern está obligado a hacer públicos todos los datos sobre los informes que encarga a terceros por valor inferior a los 18.000 euros.
La polémica de los informes estalló en 2008, después de trascender que el Govern había subcontratado a terceros la elaboración de informes, algo que la oposición criticó, ya que apreciaban que había encargos que se hicieron a personas vinculadas con PSC, ERC e ICV-EUiA.
TEMAS DE LOS INFORMES
Entre los informes más polémicos, había algunos cuyo título era 'Seguimiento de la concha brillante', 'Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de la mariposa del arroz en el delta del Ebro' y 'Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable'.
El tripartito reconoció haber encargado informes técnicos a personas externas de la administración por un coste de 31 millones y en mayo de 2009, en sede parlamentaria, el entonces conseller de Economía Antoni Castells admitió que el Govern había gastado "demasiado" en informes, aunque aseguró que no ha habido ningún tipo de delito en este tipo de encargos.
Manos Limpias aseguró que los informes se habían encargado a "personas afines al gobierno del tripartito" y en total, denunció 1.583 estudios, informes y trabajos técnicos.
El sindicato de empleados públicos apreciaba que se habrían cometido varios delitos --"malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación"-- aunque en julio de 2008, Fiscalía de Barcelona archivó en 2010 las diligencias abiertas porque no habiá obtenido suficientes indicios.
CiU también llevó fiscalía los hechos, poniendo de manifiesto que podrían haberse cometido delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, y en este caso, la denuncia también resultó archivada en 2011.
