Reprocha que Escolà dañó la reputación de los Mossos y que la política no es "un comodín de impunidad"
BARCELONA, 13 (EUROPA RPESS)
La Fiscalía ha mantenido la petición de seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para el exconseller de Interior Miquel Buch por presuntamente designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente del Govern Carles Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En el trámite de conclusiones finales del juicio en la Audiencia de Barcelona, el fiscal Pedro Ariche también ha reiterado la petición de condenar a Buch por los presuntos delitos de malversación agravada y prevaricación, y a Escolà, como cooperador necesario, a cuatro años y medio de cárcel y a 23 de inhabilitación, mientras que las defensas han abogado por la absolución.
"Sostenemos que el señor Escolà fue designado para prestar tareas de protección, de acompañamiento y vigilancia para el señor Puigdemont mientras ejercía ese cargo de asesor", ha resumido Ariche en su informe final sobre una designa que ha calificado de arbitraria.
Ariche ha incidido en que, como mosso, Escolà estaba sujeto a la ley y debía tener un comportamiento ejemplar, y respecto a que publicara en redes sociales fotos con Puigdemont ha hecho la siguiente comparación: "¿Un funcionario de policía podría en redes sociales alardear de que consume marihuana? Consumir marihuana no es ningún delito, pero cuando un gran número de compañeros del cuerpo está empeñando en luchar contra este fenómeno de proliferación de la marihuana, parecería extraño".
"¿Puede alardear de acompañar a una persona que está en busca y captura? ¿Ese funcionario es ejemplar? ¿Ese funcionario lo detendría si esa persona llega entrar en territorio español?", ha cuestionado sobre Escolà, y ha tachado sus actos de causar un grave daño reputacional a los Mossos.
Ha añadido que estas obligaciones de cumplir la ley eran aún más exigibles a Buch por su calidad de autoridad, y le ha espetado: "Hacer política está muy bien pero no puede ser un comodín de impunidad".
Ariche también ha hecho referencia al libro de memorias de Puigdemont 'M'explico', en el que "se reconoce con total claridad la existencia de un servicio de vigilancia en torno a su persona y su domicilio" en Waterloo.
NOMBRAMIENTO "FORMALMENTE CORRECTO"
Respecto a la contratación del policía en la Conselleria, ha reconocido que "el procedimiento administrativo de nombramiento fue correcto, nadie lo discute, fue formalmente correcto; es la finalidad del acto lo que está ultrapasando la barrera de la legalidad".
Ha cuestionado que se pueda "dedicar a funcionarios públicos abiertamente a dicha tarea" de protección a Puigdemont en el extranjero, teniendo en cuenta que en ese momento ya estaba declarado en rebeldía por la justicia.
El fiscal ha sostenido que, al nombrar a Escolà como su asesor, Buch sabía "el destino que se le iba a dar" en realidad al policía, que durante la presidencia de Puigdemont había sido jefe operativo de la unidad de escoltas.
INFORMES DE ESCOLÀ
Durante el juicio, las defensas han tratado de acreditar que Escolà sí ejerció como asesor presentando informes a Buch, de los que la acusación ha cuestionado su autoría y calidad, y en este sentido el fiscal ha valorado que "Escolà podría haber presentado 50 informes y ser los 50 correctísimos y súper técnicos" y mantendría aún los delitos que les imputa.
"No se está diciendo que se ha malversado por hacer mal unos informes, esto no es objeto de acusación, el objeto de acusación es la malversación por destinar caudales públicos a otros fines", y también ha remarcado que no hay registro de reuniones, agenda o tareas desarrolladas por Escolà en el cargo.
Ha remarcado que, mientras fue asesor de Buch, el policía no se tomó "ni un solo día de vacaciones" al tratarse de un trabajo que requería plena disponibilidad, por lo que descarta que se pueda considerar que acompañaba a Puigdemont en su tiempo libre o mientras teletrabajaba para el conseller.