La Fiscalía solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos por su presunta participación en el proceso independentista. Las penas que pide el Ministerio Público para los exconsellers y otros dirigentes procesados en la causa que juzgará en los próximos meses el Tribunal Supremo oscilan entre los 7 y los 17 años de cárcel. Justo el día en que se cumple un año desde que Oriol Junqueras ingresó en prisión provisional, la Fiscalía ha dado a conocer su escrito provisional de acusación, en el que detalla los hechos y los delitos que se atribuyen al exvicepresidente, quien se enfrenta a la pena de prisión más alta de todos los acusados, ya que el delito de rebelión que consideran los fiscales que ha cometido se agrava por considerarle jefe o promotor del procés y por la malversación de caudales públicos. Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional. Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- piden 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista. En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclama para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta. En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que, a su juicio, no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta. Pero no sólo los exconsejeros están acusados en esta causa, ya que los miembros de la antigua Mesa del Parlament que dieron vía libre a la tramitación de las leyes de desconexión y a la votación de la declaración unilateral de independencia también se sentarán en el banquillo de los acusados. Para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet la Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público sólo por el delito de desobediencia al hacer caso omiso de las prohibiciones del Constitucional, al igual que para Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP. Para cada uno de ello también se solicita el pago de una multa de 30.000 euros. EN LA AUDIENCIA NACIONAL Mientras tanto, la Audiencia Nacional será escenario de un proceso paralelo al del Supremo en el que se juzgará a los principales mandos y jefes políticos de los Mossos d'Esquadra, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, por los sucesos acontecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre. El Ministerio Público atribuye a Trapero un delito de rebelión, y no los dos de sedición y otro organización criminal por los que fue procesado por la juez Carmen Lamela. El fiscal pide para él 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta, los mismos que para el exsecretario general de la Consejería de Interior catalana César Puig y el exdirector de los Mossos*Pere Soler. A todos ellos se les considera "mandos subalternos" de la rebelión por su supuesta responsabilidad en los incidentes durante la celebración del referéndum ilegal. Para la última procesada en la Audiencia Nacional, la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana, el fiscal solicita 4 años de prisión por un delito de, esta vez sí, sedición en relación a los hechos ocurridos la noche entre el 20 y 21 de septiembre. También pide para ella 5 años de inhabilitación especial para el empleo en los Mossos d'Esquadra. FALTAN SIETE PROCESADOS, LOS HUIDOS En los escritos provisionales hechos públicos hoy por la Fiscalía no aparecen todos los nombres de los 25 procesados por el proceso independentista en Cataluña. En concreto, faltan siete, los que en distintos momentos de la instrucción han huido de España. Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret llevan ya un año fuera del país, la mayor parte del tiempo en Bélgica, donde han logrado eludir las órdenes de detención libradas por el juez Llarena. Por su parte, la dirigente de ERC Marta Rovira y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel huyeron unos meses después que los anteriores, tras ser citadas por el instructor del Supremo, y también han conseguido no tener que volver para rendir cuentas por su presunta participación en el 'procés'.
