BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Mena, ha vuelto a pedir a ERC más información sobre las cartas que mandó a trabajadores de la Generalitat para reclamarles parte de sus sueldos para el partido. Sin embargo, por el momento no ha valorado todavía si estas cartas suponen delito alguno.
Mena explicó que el pasado martes sobre las 15 horas mandó un escrito al presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, para reclamarle las cartas que la formación había mandado y un listado de las personas a las que las había mandado.
Sobre las 20 horas del mismo martes, celeridad que Mena elogió, ERC mandó fotocopias de las cartas y un listado con unas 1.500 personas que la habían recibido en toda Catalunya, incluidos las que no trabajan para la Generalitat sino para otras administraciones.
Sin embargo, ayer mismo, Mena volvió a solicitar la información exacta a los republicanos. Según el fiscal, él también reclamaba las personas que habían recibido la carta y trabajan para la Generalitat.
Según Mena, la Fiscalía "no tiene toda la información deseable", porque tiene un listado de las personas que tienen que pagar, pero "no sé si son todas" las que han recibido la carta.
Cuando tenga toda la información, el fiscal valorará "la relevancia penal" de las misivas, por lo que hoy no quiso avanzar en qué supuestos delitos habría incurrido ERC. "No pongamos el carro delante los bueyes", advirtió.
Si los envíos a ciertas personas supusieran un presunto delito, la Fiscalía después tendría que determinar quién es el autor del mismo. Aunque recordó que si el caso "no tiene relevancia penal, no es mi problema".
EN BREVE, MÁS INFORMACIÓN SOBRE ENCUESTAS DE CiU.
Por otra parte, Mena anunció que en breve dispondrá de toda la información en referencia a las encuestas encargadas por los anteriores gobiernos de CiU. De la misma forma, cuando tenga toda la información, la Fiscalía decidirá si emprende acciones legales contra algún antiguo responsable de la Generalitat por una presunta malversación de fondos.
La Fiscalía considera que los citados sondeos podrían ser susceptibles de considerarse delito si se demuestra que se destinaron fondos públicos "a usos ajenos a la función pública" como sondeos de interés partidista, en virtud del artículo 433 del Código Penal.
Este artículo prevé para estos casos entre seis y doce meses de multa y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de entre seis meses y tres años.
Después de que el portavoz parlamentario de ICV-EA, Joan Boada, llevase a la Fiscalía 11 de los 33 primeros sondeos de Gobiernos de CiU hallados en la Conselleria de Presidencia --más tarde se hallaron otro centenar--, se abrió una investigación judicial por la que el fiscal ha solicitado ya al Gobierno tripartito diversa documentación al respecto.
Se trata de encuestas de opinión realizadas entre 1998 y 2003 y que sondean a los ciudadanos sobre temas como la alianza CiU-PP en la época del Gobierno de Aznar, la imagen de la familia Pujol en los medios de comunicación o la intención de voto. Entre el segundo paquete de encuestas encontradas hay también alguna que interroga a los catalanes sobre su intención de voto si CDC y UDC se presentaran a unas elecciones por separado.
Además del contenido de las encuestas, Boada denunció también el incumplimiento de algunas de ellas del decreto que en 1998 estableció la obligación para el Gobierno de la Generalitat de presentar al Parlament todos los sondeos de opinión que realizara.
