Fiscalía pide juzgar a dos guardias civiles por el falso informe que inició el caso Macedonia

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido llevar a juicio al ahora capitán de la Guardia Civil Francisco de Borja L. y al sargento Raúl J. por presuntamente ocultar en su atestado que en una intervención en mayo de 2009 hallaron azúcar y yeso en lugar de droga, hecho del que arrancó la investigación del juez que destapó el caso Macedonia, de supuesta connivencia de policías y narcos.

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal de Barcelona Silvia Cana les acusa de un delito de falsedad en documento público por actuar "con una grave ligereza" al omitir que habían analizado los 54 kilos de sustancias intervenidas que resultaron ser básicamente yeso y azúcar, y no supuesta cocaína, anfetamina y codeína como consignaron los acusados.

Sin embargo, se hizo un narcotest, y al día siguiente de la intervención, el 29 de mayo, un superior les alertó de que la operación en la que habían intervenido era en realidad "una encerrona" que desconocidos habían tendido al individuo.

La intervención había sido el día anterior, 28 de mayo, cuando la unidad Eco Catalunya de la Guardia Civil, con sede en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), recibió un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona de que esa misma tarde iba a producirse una recogida de sustancias estupefacientes en un coche aparcado entre el paseo Sant Martí y la calle Treball de la ciudad.

Allí, sobre las 19 horas, apareció un individuo en moto que se dirigió al coche del que se llevó del maletero una maleta con 29 paquetes de lo que parecía droga, y que cuando lo detuvieron resultó ser Juan Miguel B.

Por todo ello, la fiscal ha pedido que se abra juicio oral contra los dos guardias civiles, para los que ha solicitado que se les suspenda de empleo o cargo público durante seis meses, y que se le imponga una multa de ocho euros durante siete meses.

A partir de este hecho partió la investigación del caso Macedonia: según el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, los Mossos d'Esqudra no investigaron debidamente la relación entre Juan Miguel B. y otros narcotraficantes, y ocultaron conversaciones trascendentales, supuestamente para proteger al confidente Manuel Gutiérrez Carbajo.

La unidad de Mossos creada para investigar este caso era la misma que investigaba a los prostíbulos Riviera y Saratoga y "vista la ineficacia" de sus pesquisas, el juez decidió encomendar el caso primero al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y posteriormente a la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos.

ALTOS CARGOS IMPUTADOS

Ya con la Guardia Civil el caso avanzó, descubriéndose que había mossos implicados relacionados con los jefes de la banda de narcos y, con la entrada de la DAI en la investigación, ésta tuvo "un vuelco total", según el juez, ya que se averiguó que el subjefe de la comisaría de Vilanova --que fue imputado en octubre de 2010-- cobraba 1.000 euros mensuales del grupo criminal por darles información confidencial.

Después, el juez imputó al ahora subinspector Antoni Salleras los delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, ocultación de documentos a la autoridad judicial, falsedad en documento público, obstrucción a la justicia, encubrimiento o bien tráfico de estupefacientes, al creer que le ocultó parte de las pruebas del caso para cubrir a su confidente.