Fiscalía pide penas de 1 año a cinco acusados de explotar a trabajadores chinos en una textil de Berrueces (Valladolid)

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Valladolid solicita penas de 1 año de cárcel por delito contra los derechos de los trabajadores para dos ciudadanos españoles y tres de origen chino a los que acusa de regentar un taller textil clandestino desmontado en agosto de 2004 por la Policía Nacional en la localidad vallisoletana de Berrueces bajo el nombre de 'Confecciones Mas Cuatro S.L', donde los operarios, en su opinión, eran sometidos a condiciones "leoninas".

En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación pública imputa dicho delito a José V.H, José Antonio M. de E, Wen Jun Q.Y. y dos hijos de este último, Gang Wen y Gang Miao Q, en base a lo asegurado por siete ex trabajadores del taller, quienes llegaron a denunciar que los anteriores les sometían a un férreo control, con amenazas y coacciones incluidas, así como que les retiraban la documentación personal y les obligaban a ayunos forzosos de varios días, todo ello encaminado a impedir que abandonaran las condiciones infrahumanas en las que desarrollaban su actividad laboral.

Además de la pena de cárcel para los cinco acusados, el acusador público solicita que indemnicen a las víctimas en el importe resultante de la diferencia entre las cantidades percibidas y el importe de los salarios que, según convenio del sector textil, tenían que haber recibido, así como su inhabilitación para el ejercicio de dicha actividad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los denunciantes, que abandonaron el taller y fueron localizados por la Policía Nacional en Sagunto (Valencia) durante una redada, explicaron en su día que eran captados en su país por un miembro de la familia detenida con oscuras promesas de facilitarles un visado para entrar en España, un trabajo remunerado con 600 euros al mes y permisos de residencia y trabajo, todo ello a cambio de la entrega de 2.000 euros.

Los citados trabajadores, según reproduce el fiscal en su escrito de acusación, explicaron que una vez en España, y obtenida ya la documentación personal, ésta les era retirada, sus sueldos quedaban reducidos a la mitad de lo prometido, descontándose el resto como pago de la deuda de 2.000 euros contraída, hasta el punto de que en ocasiones llegaron sólo a percibir 100 euros al mes.

Las jornadas de trabajo, sin embargo, eran de catorce horas diarias de lunes a sábado y de ocho horas los domingos en las que los empleados residían en el propio taller, resultante del acondicionamiento de unas naves agrícolas en Berrueces.

Estos denunciaron también que el rígido control ejercido sobre ellos, en este caso particularizado en la persona de Gang Miao Q, se mantenía mediante amenazas como las de avisar a la policía para que ésta procediera a su repatriación, el ayuno forzoso durante días si la producción no era la fijada o bien si intentaban escapar a su implacable dominio.

Se les exigía incluso que dos familiares firmasen el contrato como avalistas, respondiendo con sus patrimonios de tales abusivas e ilegales obligaciones, según entiende el Ministerio Fiscal.

"POLICIA ANSIOSO DE MEDALLAS"

Frente a lo que en su día la Policía Nacional calificó como una gran operación que condujo al desmantelamiento de un taller clandestino, el letrado defensor de los cuatro ciudadanos orientales imputados solicita la libre absolución por entender que el referido negocio se encontraba perfectamente en regla.

La defensa, en declaraciones a Europa Press, calificó de "negligente" la actuación policial y denunció que la operación de entrada y registro en el taller responde a la "imaginación de un agente ansioso de medallas".

El bufete de abogados que se ha hecho cargo de la defensa de los imputados asegura que el malentendido tiene su origen en la interceptación en Sagunto de los ciudadanos chinos denunciantes, ex empleados de 'Confecciones Mas Cuatro S.L', a quienes la Policía Nacional ofreció la posibilidad de regularizar su situación--no estaban afiliados a la Seguridad Social y tenían permiso de trabajo--a cambio de firmar unas declaraciones carentes de fundamento.

Y es que el letrado asegura que el taller en cuestión, que nunca llegó a tener más de 17 empleados simultáneamente, contaba con todos los permisos y licencias del Ayuntamiento de Berrueces, "luego no era clandestino", y que la entrada de los trabajadores desde su país de origen se hizo de manera regular, al igual que la obtención de sus permisos de trabajo.

Asimismo, el defensor mantiene que los trabajadores percibían entre 600 y 700 euros por su trabajo y rechaza que estuvieran casi secuestrados en el local, afirmación que basa en que contaban con llave del mismo y en los testimonios aportados tanto por el alcalde como otros vecinos, quienes han declarado que los empleados salían cuando querían y alternaban en el pueblo los fines de semana.