MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pidió hoy al Tribunal Supremo que confirme la condena de 60 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al histórico dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande por la muerte de dos guardias civiles en Gijón en 1989, ya que considera que en ningún caso se ha vulnerado la presunción de inocencia, tal y como sostiene su defensa.
Durante la vista celebrada hoy en el Supremo para analizar su recurso de casación, el abogado de Silva Sande solicitó la absolución del condenado, argumentando que el tribunal de instancia hizo una valoración "excesiva" de las pruebas que motivaron su condena.
En concreto, el letrado cuestionó que como prueba principal se considerara la declaración del procesado en la misma causa y miembro de los GRAPO Guillermo Vázquez en calidad de coimputado, es decir, cuando no tiene obligación de decir la verdad, y, además, en unas condiciones especiales, ya que en el momento de la declaración se encontraba "en huelga de hambre y bajo medicación".
El abogado subrayó que esta prueba no puede tenerse en cuenta porque Vázquez no se ratificó cuando declaró como testigo y que este indicio no fue "corroborado" por ningún otro, ya que, según expuso, "no hay ningún dato" que relacione a Silva Sande con las armas utilizadas en el crimen. Por lo que se refiere a las declaraciones de los testigos presenciales, recalcó que de los cuatro testigos "esenciales" sólo uno reconoció "sin dudas" a Silva Sande, pero fue una mujer que se encontraba en un "estado emocional intensísimo" por haber presenciado los hechos, mientras que otra que los vio a la salida no identificó al condenado.
"NO CABE NINGÜNA DUDA SOBRE SU PARTICIPACIÓN"
Tanto el fiscal como la acusación particular solicitaron la confirmación de la sentencia de la Audiencia Nacional. Para la parte acusadora, "no cabe ninguna duda sobre la participación" de Silva Sande", ya que la declaración de Vázquez, que fue "ratificada ante el Juzgado Central de Instrucción" unida a "las declaraciones y al cotejo de los datos" lleva a concluir que Silva Sande participó en el crimen.
La Audiencia Nacional dictaminó en febrero del pasado año que Silva Sande cometió en este caso los delitos de robo con homicidio y de atentado con resultado de muerte -penados con 30 años de prisión cada uno-- "por su participación directa y material en los hechos ya fuera realizando personalmente y de propia mano las acciones o coparticipando de forma imprescindible en la muerte de las víctimas guardias civiles".
El tribunal consideró como "prueba de cargo esencial" contra el condenado la declaración judicial prestada por Guillermo Vázquez, quien especificó ante el juez Baltasar Garzón -encargado de la investigación de la causa-- "la concreta participación delictiva de Silva Sande. La sentencia también otorgó un "especial valor" a las declaraciones de testigos que describieron "de forma sustancialmente coincidente entre sí y a como lo hace Vázquez Bautista, la forma en como se produjeron los hechos".
Durante la celebración del juicio, en noviembre de 2008, Silva Sande atribuyó la responsabilidad del acto a Pedro Pérez, alias 'camarada Arenas', secretario general del PCE(r) -siglas del Partido Comunista de España (reconstituido)-- ilegalizado por el Supremo al considerarle el brazo político de los GRAPO, y negó cualquier relación con los hechos alegando que en 1989 se encontraba en Francia.
