La Fiscalía reabre las diligencias por una campaña de pensiones del Ministerio de Trabajo en la etapa de Zaplana

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha reabierto las diligencias informativas en torno a una campaña de publicidad sobre revalorización de pensiones llevada a cabo en 2003 por el Ministerio de Trabajo, siendo ministro el hoy portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, según consta en un escrito del fiscal jefe del pasado 28 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press.

La contratación de la campaña de publicidad sobre "revalorización de pensiones y abono de una paga única (ejercicio 2003)" ya fue objeto de una investigación por la Fiscalía Anticorrupción a instancias de Izquierda Unida, pero el procedimiento se archivó en septiembre de 2004 al considerar que los hechos denunciados no constituían, en principio, responsabilidad penal.

Sin embargo, al hilo de la reciente aprobación por el Tribunal de Cuentas de su informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad en la Seguridad Social entre 2002 y el primer cuatrimestre de 2004, la Fiscalía de la institución ha variado el criterio argumentando que Anticorrupción no contó en su día con toda la información que se necesitaba.

"La verdad es que (la 'Fiscalía Anticorrupción') no estuvo suficientemente informada, pues el Ministerio de Trabajo, al parecer, no le aportó toda la documentación e información necesarias para tomar postura --comunica la Fiscalía del Tribunal de Cuentas--. Esta circunstancia nos colocó sobre aviso para tratar de hacerles llegar tales documentos y reabrir las diligencias informativas, hasta entonces archivadas".

En cualquier caso, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas indica que no ha encontrado indicios de responsabilidad contable por parte de dirigentes de la Administración, "no así en otros", que no precisa, pero de los cuales se ha interesado "la actuación perceptiva de la Sección de Enjuiciamiento" de la propia institución.

RELEVO EN LA FISCALÍA

El escrito lleva la firma del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Jorge Sena Argüelles, que días después de enviar su misiva se jubiló por razones de edad. Ahora acaba de ser nombrado por el Gobierno, con fecha 7 de abril, fiscal emérito del Tribunal Supremo.

El fiscal del Tribunal de Cuentas consultó sus intenciones previamente con el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien indicó que, en cuanto se aprobase el informe por el pleno del órgano supervisor (lo que ocurrió el pasado 16 de marzo), se pidieran los documentos necesarios para su remisión. La Fiscalía Anticorrupción recibió el escrito del fiscal Sena el pasado 31 de marzo.

El citado informe del Tribunal de Cuentas, que llegó al Congreso en la primera semana de abril, repasa la contratación celebrada por la Seguridad Social para la difusión de información y otros servicios de contenido entre 2002 y primer cuatrimestre de 2004. En sus conclusiones, la institución fiscalizadora dijo haber detectado "irregularidades" y "vulneraciones", fundamentalmente por la utilización de procedimiento abreviado en la adjudicación y por falta de objetividad en las campañas.

NO HABÍA RAZONES PARA EVITAR CONCURSO PÚBLICO

En ese informe, al que tuvo acceso Europa Press, se incluye una nota al pie de página relativa al caso de la campaña publicitaria cuestionada, en la que el Tribunal de Cuentas dice "coincidir" con "la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción" cuando puso de manifiesto "la improcedencia" de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad dado que "la justificación del expediente es muy débil, la imperiosa urgencia es inexistente, los acontecimientos han sido perfectamente previsibles y se disponía de plazo hasta el 1 de abril de 2003 para su ejecución, no existiendo razón alguna, salvo las políticas, para anticipar su pago a 15 de enero de 2003".

Cuando se dio a conocer el informe definitivo, el portavoz socialista en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Francesc Vallés, opinó que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, debería "preocuparse" e incluso le aconsejó buscar un "buen abogado" frente a la posibilidad de que el fiscal "vea indicios de delito". "El informe es demoledor en muchos sentidos --declaró Vallés a Europa Press--. Quedan en entredicho prácticas por parte del PP con la que pretendían el autobombo personal e ir en contra del PSOE".

Desde el PP, el portavoz adjunto, Vicente Martínez Pujalte, replicó atribuyendo "ignorancia" y "mala fe" a las advertencias del PSOE contra Zaplana y advirtió de la posibilidad de que se estuviese tratando de "interferir" en la fiscalía para "hacer política", lo que podría ser incluso "prevaricación".