Fiscalía remite al Juzgado el caso de los rumanos de Ricla (Zaragoza) por observar "posible infracción penal"

ZARAGOZA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Chunta Aragonesista (CHA), José Antonio Acero, y la abogada y asesora jurídica del grupo provincial de CHA en la Diputación de Zaragoza, Isabel Giménez, explicaron hoy en rueda de prensa que la Fiscalía ha decidido, tras estudiar el caso de los 300 rumanos empadronados en Ricla entre los días 9 y 16 de abril, "en concreto el sábado 14 de abril", remitir el caso al Juzgado de Instrucción número 6, dado que esos hechos "presentan características que hacen presumir una posible existencia de una infracción penal", indicó Acero.

Esta es "una novedad importante" en el caso ya que "el fiscal nos ha dado la razón con lo que veníamos planteando" y ahora se abre la vía penal, y "es el juzgado de instrucción el que va a iniciar las diligencias previas" y a investigar "en profundidad" el caso, de forma que "ya ha comenzado las actuaciones" y se prevé que sean citados para declarar en los juzgados "el secretario del Ayuntamiento" que gestionó los empadronamientos de los ciudadanos rumanos en sábado, e incluso el alcalde --Eladio López-- como máximo responsable de la institución.

Sin embargo, "no se han tomado ningún tipo de medidas cautelares", señaló Giménez, de manera que los 300 rumanos empadronados podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo, 27 de mayo. "Se ha hecho un abuso de la normativa vigente porque aunque los ciudadanos rumanos podían pedir su derecho a voto esa semana, la legislación no está para hacer empadronamientos masivos", por eso "lo pusimos en conocimiento del censo electoral y del fiscal".

Mientras que el fiscal ha remitido el caso a los juzgados, "la vía administrativa se ha agotado ya, se han lavado las manos porque en los informes que remiten a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en Aragón, la Delegación Provincial del Censo Electoral viene a decir que si en el padrón figuran inscritas personas que no viven habitualmente en el municipio, lo que podríamos llamar empadronamientos irregulares, esas personas figurarán también en el censo electoral 'sin que esta delegación pueda evitarlo'. Es decir, que son conscientes de que puede haber irregularidades pero dicen que no las pueden evitar", apuntó José Antonio Acero.

En este sentido, "ya hicimos hincapié hace unas semanas en una resolución del propio censo electoral que decía que en aquellos municipios de menos de 2.000 electores se deberían de hacer las comprobaciones pertinentes pero en este caso no se han hecho y la administración electoral viene a reconocer que no hacen comprobaciones sobre el terreno, lo que nos parece grave en un caso en que se ha vulnerado el espíritu de la norma haciendo un empadronamiento masivo en un periodo que no es para eso", insistió.

Así, "la Delegación Provincial del Censo Electoral no hace comprobaciones sobre el terreno de la veracidad o no de la residencia de esos ciudadanos, dado que dice que la comprobación y revisión de los padrones municipales es cosa de los ayuntamientos" de forma que "aquel que ha sido el ejecutor de una barbaridad administrativa, de un hecho que se está considerando como indicio de delito, como es el alcalde, es juez y parte, dado que hace el delito y él mismo tiene que comprobarlo".

De esta manera, "nadie va a comprobar esos hechos por parte del ayuntamiento", aseguró Acero, por lo que "no están actuando los mecanismos del Estado de Derecho y no resuelven esta cuestión con la rectitud y la forma en que se debería, para que este tipo de ejemplos no cunda en un momento en que la inmigración es una realidad importante en todo Aragón".

Por todo ello, y aunque la vía administrativa "esté agotada, en el momento en que el Juzgado se ponga a trabajar en esto conoceremos más cuestiones al respecto porque estamos ante un caso claro que apunta a delito electoral, donde la administración no ha actuado y donde políticamente el PAR está amparando las prácticas cuasi mafiosas del alcalde de Ricla" y "nos encontramos conque todo vale, pero para CHA no todo vale porque esto podría vulnerar la voluntad de los ciudadanos de Ricla".

"Pedimos que se suspendiera cautelarmente el empadronamiento de estos ciudadanos pero no se hizo nada", así que "el 27 velaremos porque el proceso de votación sea claro y al día siguiente veremos si ha habido algún tipo de abuso o no". En caso de que "se vieran indicios de delito, las elecciones podrían incluso llegar a repetirse" en Ricla, apuntó Acero.

"NO EXISTEN"

El secretario general de CHA, José Antonio Acero, explicó, además, que "CHA, como el resto de los partidos, no dispone del censo electoral en el que aparecen los 300 nuevos empadronados; ese censo sólo lo tiene el alcalde porque ha participado en su elaboración y puede sacarlo del Ayuntamiento".

El resto de los partidos presentes en Ricla "tenemos el censo con fecha 1 de marzo y a efectos de propaganda electoral, para dirigirnos a ellos, estos ciudadanos no existen para nosotros" dado que no disponen de sus datos, "de los que dispondremos el día 27 cuando acudan a votar, porque hasta el momento la administración nos ha negado el acceso a esa información", concluyó.