La fiscalía retira la acusación penal contra tres de los cuatro activistas de CC.OO juzgados hoy

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal retiró parte de las acusaciones contra tres de los cuatro sindicalistas de CC.OO. juzgados hoy por el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla. Estos estaban acusados de delitos de desobediencia, atentado contra las fuerzas del orden y desórdenes públicos en el marco de un desalojo por parte de la Policía Local del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) durante un Pleno en junio de 2004.

La protesta de estos sindicalistas iba dirigida tanto a rechazar la privatización de Servicios Sociales, en este caso la guardería, como "la situación de acoso laboral permanente que durante mucho tiempo han vivido y aún viven nuestros compañeros en ese Ayuntamiento", según el sindicato.

En el juicio, que se llevó a cabo con la presencia en el exterior de la sala de más de una cincuentena de simpatizantes, el Ministerio Público retiró las acusaciones de delitos de desobediencia y desórdenes públicos contra M.B., C.B. y M.J., para las que pedía penas de tres años de cárcel, sustituyéndolas por una falta de desobediencia para lo que proponía una multa de 180 euros --un mes a razón de seis euros diarios--.

Asimismo, el fiscal rebajó de cuatro años y ocho meses de cárcel --petición compartida con la acusación particular-- a tres años la pena de prisión solicitada para J.M.A., acusado de agredir al por entonces sargento de la Policía Local de Tomares.

La defensa de los acusados, llevada a cabo por el letrado Manuel David Reina, solicitó la absolución en base a las numerosas contradicciones cometidas por algunos de los Policías que declararon hoy, que "según el día al que nos remitamos con respecto a sus propias declaraciones ante la Policía, el juez o el juicio de hoy, dicen que la agresión se produjo de un modo distinto". También destacó las contradicciones en las que incurrieron algunos de los testigos, y el hecho de que la lesión como consecuencia de una agresión denunciada a puño cerrado podría deberse, según los indicios, a una erosión producida durante el desalojo.

El sargento de Policía --actualmente subinspector--, que declaró como denunciante de la presunta agresión, indicó que se les hizo "tres requerimientos a los sindicalistas" para que quitaran la pancarta que habían desplegado en el Pleno, tras lo cual procedió "a hacer el uso de la fuerza, previamente avisado, para proceder a su desalojo". A la pregunta de si había algún modo de evitar estos hechos, respondió que "lo único que tenía claro, por órdenes recibidas, era que aquella pancarta debía ser retirada".

Por otra parte, declararon otros indicativos de la Policía Local tomareña --dos de los citados faltaron al juicio--, que corroboraron la versión de que los activistas "montaban una algarada con pitos y consignas" y de que se vieron obligados, por ello, a proceder a su desalojo.

También fueron citados a declarar varios concejales del Ayuntamiento de Tomares, presentes en el momento de los hechos. Mientras que los munícipes de la oposición coincidieron en que no existió ruido alguno, sino que llevaron a cabo su protesta "en completo silencio", siendo desalojados tras transcurrir cinco minutos en los que el Pleno se desarrolló con normalidad, los del PSOE adujeron que "sí hubo alboroto".

"SORPRESA" DE CC.OO POR EL ALEGATO FINAL DE LA ACUSACION

Por otro lado, el grupo sindical se mostró "sorprendido" ante el alegato final del abogado de la acusación particular, que declaró al juez que "es menester que en este país se empiece a tomar medidas en defensa del principio de autoridad. Ya está bien, alguien tiene que decir basta en este país".

Fuentes de CC.OO. señalaron a Europa Press que el letrado "parece desconocer que son la Constitución y las Leyes que han aprobado nuestros representantes los que han de parar, entre otras cosas, las arbitrariedades de la alcaldesa Antonia Hierro, que el PSOE presenta en el pueblo de Tomares".

Asimismo, CC.OO. quiso recordar al PSOE que "esta actitud de querer criminalizar la acción sindical es impropia de un partido que se reclama progresista y de izquierdas" y que la regidora tomareña "tiene en su haber una sentencia del TSJA en la que da como hecho probado que a los trabajadores afiliados a CC.OO. se les despide de ese Ayuntamiento por el solo hecho de estar afiliados a este sindicato, lo que supone un manifiesto ataque a la libertad sindical recogida en la Constitución Española".