CEUTA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se exima a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la ONG Mensajeros de la Paz del pago de indemnizaciones los 111.000 euros que la Audiencia Provincial de Zamora había condenado a pagar a ambas partes a la familia de la educadora asesinada en esta ciudad castellano-leonesa por un inmigrante tutelado por dicho Gobierno y bajo la guarda de la ONG. Mensajeros de la Paz y la Ciudad Autónoma habían sido declarados responsables civiles subsidiarios al reconocer la Audiencia que el asesino no tenía capacidad para hacer frente a la condena, que incluyó una pena de 45 años de cárcel.
El fiscal niega ahora responsabilidad alguna a ambas partes en la muerte violenta de la educadora social a manos de uno de sus ex alumnos cuando éste entró de madrugada en la residencia en la que había participado en un programa de reinserción social.
En sus razonamientos, la Fiscalía recuerda que la ONG es "una Asociación sin ánimo de lucro", por lo que obligarle a abonar parte de la pena supondría forzarle a desviar "sin fundamento legal suficiente" fondos destinados a "otros fines sociales de atención a la infancia y la juventud". Además, asume las tesis jurídicas de la defensa y aduce que ni con el estudio de seguridad o la incorporación de un cuarto trabajador al centro que se demandaba a la ONG se "hubiese impedido o dificultado" el crimen.
Sobre la Ciudad, el fiscal argumenta que el Gobierno ceutí no sólo no era titular del centro de trabajo donde ocurrió el asesinato, sino que su responsabilidad en la tutela del menor "no tiene como fin la evitación de hechos como el presente" (el joven marroquí ya no era residente). "La confusión en torno a la edad del menor no es tampoco una causa del luctuoso y trágico suceso. El riesgo no era previsible y no puede decirse que haya sido desencadenante ni generado por la entidad que había asumido la tutela del menor", razona la Fiscalía.
En la sentencia de la Audiencia se sostenía que Mensajeros y el Gobierno ceutí eran responsables civiles porque había habido "falta del obligado control" sobre el joven y "falta de leal colaboración" de la Ciudad al enviar a Zamora a un "supuesto menor" contra los informes negativos emitidos por los centros públicos competentes de Ceuta.
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