Fiscalía ve prevaricación en varios contratos de suministros de Casinos de Tenerife y cita como investigado al gerente

Publicado 06/09/2019 17:32:50CET
Ruleta, juego, casino.
Ruleta, juego, casino.EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife en la que cita a declarar, en calidad de investigado, al gerente de Casinos de Tenerife, Gildo Hernández, --empresa pública propiedad del Cabildo-- por un presunto delitos de prevaricación.

Además, requiere a la sociedad que remita toda la información sobre estatutos sociales e instrucciones internas de contratación en los casinos Taoro, Santa Cruz y Playa de Las Américas entre los años 2012 y 2014, según ha avanzado este viernes 'El Día'.

La denuncia, a la que ha tenido acceso a Europa Press, pide investigar presuntas irregularidades en contratos de proveedores, en línea con la denuncia presentada en junio del año pasado por los consejeros de Podemos en la corporación, si bien no encuentra indicios de delito de malversación de fondos públicos, como sostenía la formación morada.

La Fiscalía incide en contratos de servicios publicitarios y en el uniforme para el personal de los casinos públicos, pues sobrepasan los 18.000 euros, cantidad máxima que permiten los contratos menores, y se adjudican de manera directa y con prórrogas no justificadas.

Además, rechaza el concepto de "entregas complementarias" y no entiende el formato elegido cuando no se trata de circunstancias imprevisibles, resaltando que si se hace necesario varias las condiciones pactadas, debería convocarse un nuevo concurso.

En cuanto a otras operaciones denunciadas por Podemos, como la ampliación del Casino de Playa de Las Américas o la explotación del párking, entiende que hay irregularidades administrativas pero no delito porque se toman decisiones con una justificación "lógica y razonada", y advierte de que no se puede trasladar al terreno penal cualquier irregularidad administrativa porque eso implicaría una "exacerbación" del derecho punitivo y su proyección hacia otras parcelas que tienen su normativa específica.

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