Foro Ermua denuncia las "presiones" contra TSJPV y acusa a PNV, PSE, EB y Gobierno vasco ir contra el Estado de derecho

BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foro Ermua denunció hoy las "presiones" contra el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por parte de Gobierno vasco, PNV, EB, PSE-EE y PSOE y acusó al Ejecutivo autonómico y a estos partidos de tener un comportamiento "estrictamente antidemocrático y contrario al Estado de derecho, al pretender terminar con la independencia de los diferentes poderes del Estado y exigir una Justicia sometida a los intereses políticos y partidistas".

En un comunicado, Foro Ermua se refirió, de esta forma, a las críticas realizadas por Gobierno vasco y partidos políticos contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de proseguir la querella contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por un presunto delito de desobediencia motivado por su reunión con dirigentes de Batasuna.

A juicio del Foro Ermua, la decisión del TSJPV es "la única posible desde el punto de vista jurídico, porque en una democracia las Sentencias del Tribunal Supremo están para ser cumplidas por todos los ciudadanos, incluso por los que se consideran por encima de la Ley, como parece ser el caso del señor lehendakari".

Para este colectivo, lo que no es "tolerable desde el punto de vista jurídico ni democrático son las gravísimas presiones y descalificaciones vertidas contra el poder judicial desde el Gobierno vasco, desde el nacionalismo e incluso desde el PSE-EE, PSOE y EB".

A su juicio, se han utilizado "con absoluta desvergüenza, en un ataque a la justicia y a la separación de poderes del que cuesta encontrar precedentes, argumentos puramente políticos para presionar a un Tribunal independiente". "Lo vivido en los días pasados -añadió- es la prueba palpable del desprecio al Estado de Derecho por parte de amplios sectores de la clase política del País Vasco y del resto de España".

Foro Ermua denunció que el Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Miren Azkarate, "desprecia el Estado de Derecho al afirmar que la administración de Justicia dirá lo que tenga que decir, pero la sociedad vasca ya ha juzgado al lehendakari y ha emitido su veredicto".

Asimismo, criticó que "el falsamente moderado" presidente del EBB, Josu Jon Imaz, "desprecia el Estado de Derecho al afirmar que el PNV va a hacer frente a una resolución judicial con todos los instrumentos políticos a su alcance".

También consideró que Ezker Batua "desprecia el Estado de Derecho, al afirmar que la resolución del TSJPV es una aberración jurídica y un esperpento político a estas alturas del proceso de paz y anunciar que ninguno de los partidos implicados en el proceso van a dejar de reunirse con quien consideren oportuno, estén ilegalizados o no".

Por otro lado, manifestó que EB "entra de lleno en el ridículo al decir que el juez Garzón archivó una denuncia interpuesta por el Foro Ermua contra Patxi López por los mismos hechos, porque es falso que el Foro Ermua haya interpuesto ninguna denuncia ante el juez Garzón contra Patxi López, ni por éstos, ni por ningunos otros hechos". Según precisó, la querella interpuesta por el Foro Ermua contra Patxi López y otros participantes en la reunión PSE-Batasuna de julio de 2006 "lo ha sido ante el TSJPV y está pendiente de admisión a trámite por el tribunal".

Foro Ermua dijo, además, que el PSE-EE y PSOE "desprecian el Estado de Derecho al pretender condicionar las decisiones judiciales por el momento político, introduciendo criterios absolutamente ajenos al derecho en la aplicación de las leyes, cuando insta a la Justicia a que actúe con generosidad, ya que la culminación del proceso de paz es imposible si no aportamos todos".

Por otro lado, denunció que las "presiones" contra el TSJPV "vienen precedidas por numerosas actuaciones que prueban, para todo aquel que no quiera estar ciego, cómo se subordinan el discurso y los principios democráticos a la consecución de un precario acuerdo con los asesinos".

Foro Ermua afirmó que "esta cesión frente a ETA a costa del Estado de Derecho y de los propios principios se puede concretar en la pasividad y tolerancia de las delegaciones del Gobierno y de la Fiscalía ante los flagrantes delitos que supone la permanente actuación de Batasuna, a pesar de estar ilegalizada por el Tribunal Supremo en sentencia firme ratificada por unanimidad del Tribunal Constitucional y a pesar de tener prohibidas todas sus actuaciones por la Audiencia Nacional".

También denunció la "disminución de las detenciones y de la presión policial contra ETA, incluyendo el insólito chivatazo a la banda terrorista desde dentro de la propia policía para evitar que se produjeran detenciones en una operación antiterrorista".

FISCALIA

En el mismo contexto enmarcó "la rebaja de 96 hasta seis años en la pena solicitada por la Fiscalía para el terrorista Iñaki de Juana Chaos", la "disminución de 12 años y siete meses a dos años en la pena solicitada por la Fiscalía para el etarra Iñaki Bilbao Goikoetxea" y la "rebaja de 400 a 13 años de prisión en la pena solicitada por la Fiscalía para siete acusados de terrorismo callejero, de tal manera que ninguno entrará en prisión".

También dijo que "la cesión frente a ETA a costa del Estado de Derecho" se da "con la negociación con ETA estando activo el terrorismo urbano y la extorsión, lo que supone una quiebra de las propias promesas del PSOE y de la resolución del Congreso que sólo autorizaba la negociación con ETA cuando ésta abandonara definitivamente la violencia".

La reunión pública de los dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, con Batasuna; la "internacionalización del conflicto llevándolo a la Unión Europea, según había exigido ETA reiteradamente"; y la "vinculación realizada por Rodríguez Zapatero entre la negociación con ETA y la aprobación de un nuevo marco político en el País Vasco" son otras actuaciones que, a juicio, de Foro Ermua certifican la "cesión" frente a ETA.

Por todo ello, Foro Ermua hizo un llamamiento a la ciudadanía "para que se movilice y vuelva a la rebelión cívica que tuvo su origen en Ermua, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco" y también instó a los miembros "críticos" del PSOE y de IU, "para que de manera pública y activa denuncien la política suicida de cesión ante el terrorismo y el nacionalismo identitario".