MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, apuntó hoy que los empresarios extorsionados en el País Vasco "no se fían" de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) como para informarle de los casos de extorsión en la citada Comunidad.
Buesa respondía así a las declaraciones que esta misma mañana realizó el presidente de Confebask, Miguel Lazpiur, en las que decía no tener constancia de la existencia cartas de extorsión por parte de ETA.
"Si no tiene constancia de este fenómeno y en cambio la tiene la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), esto es sintomático de que los empresarios extorsionados en el País Vasco no se fían de Confebask para informarle de la existencia de extorsión", aseveró el presidente del Foro de Ermua en declaraciones a Europa Press. "Los empresarios extorsionados en el País Vasco, que los hay, efectivamente no deben fiarse de Confebask", sostuvo.
Buesa consideró que esta posición se debe a que la "complejidad interna" de dicha organización "le conduce a tratar de negar cualquier realidad que tenga alguna connotación de naturaleza política que roce el nacionalismo, bien sea el de ETA o el del PNV". Y, acotó, uno de esos aspectos es el que se refiere a la extorsión.
"AUNQUE CONFEBASK LO NIEGUE, LA EXTORSIÓN EXISTE"
Por ello, Buesa indicó que la Dirección de Confebask se debería preguntar si su actitud es "la más adecuada, teniendo en cuenta que la extorsión es uno de los problemas económicos fundamentales del País Vasco que además le ha conducido a crecer por debajo de su nivel potencial".
Por último, el presidente de la plataforma cívica Foro de Ermua zanjó que "por mucho que Confebask se empeñe en decir que no tiene constancia de la existencia de cartas, eso no significa que no existan".
Ayer, el Foro de Ermua hizo público el tercer informe de verificación del alto el fuego de ETA en el que calcula que la banda terrorista ha obtenido entre 800.000 y 1 millón de euros con la extorsión a empresarios vascos y navarros, fruto de cuatro oleadas de cartas reclamando el 'impuesto revolucionario'.
"Los datos de que se dispone hacen verosímil la hipótesis de que alrededor de dos centenares de empresarios han podido ser receptores de cartas amenazadoras en las que se les exigen pagos de entre 18.000 y 60.000 euros", revela el documento, que subraya que el cálculo se debe realizar sin conocer con exactitud cuántos de ellos han cedido al chantaje de la organización terrorista.