BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Foro Ermua reclamó hoy a la Fiscalía General del Estado, la Abogacía General del Estado, el delegado del Gobierno en Euskadi, la Consejería de Interior, al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya --como socios mayoritarios de la empresa propietaria de BEC-- que impidan la celebración del Congreso Nacional de Batasuna el próximo día 21 de enero en Barakaldo y dice que, si se celebra este acto, actuará "en defensa de la Ley, el Estado de Derecho y, en definitiva, la democracia, ante los tribunales, ejercitando contra todos los responsables las acciones que sean necesarias".
En este sentido, recordó que el presidente del Tribunal Supremo ha declarado que, para que dicho Tribunal pueda impedir esta reunión, es "imprescindible" que o el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, o la Abogacía General del Estado en nombre del Gobierno central se lo pidan expresamente.
Foro Ermua reclamó también la intervención del consejero de Interior, Javier Balza, como responsable del cumplimiento de la Ley y de las sentencias judiciales en Euskadi, "para que impida el anunciado Congreso de Batasuna" y advirtió de que, tras este requerimiento formal, en caso de que se lleve a cabo el Congreso de Batasuna, el "Foro Ermua podría actuar judicialmente contra Javier Balza por los presuntos delitos de prevaricación, colaboración con organización terrorista, cooperación en la desobediencia o denegación de auxilio a la Justicia".
Este colectivo asegura que también han reclamado al diputado general, José Luis Bilbao, que no se cedan los locales del BEC para el acto de Batasuna y recordó que la institución foral es "propietaria del 47,7% del capital social del BEC". "De celebrarse el Congreso en el BEC, el señor Bilbao podría estar incurriendo igualmente en un ilícito penal", explicó para agregar que el Gobierno vasco también es titular de otro 47,7% del capital social del BEC, por lo que también ha recibido la misma solicitud.
Por último, el Foro Ermua ha entregado un escrito a Paulino Luesma pidiendo su actuación ante los responsables del Gobierno autonómico "en orden a no permitir que Batasuna ultime su desacato a la sentencia firme del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, que estableció su ilegalización".
Tras recordar que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, "no ha hecho pública ninguna actuación para evitar que se cometa este delito", dijo que tampoco el Abogado General del Estado, "ha dado a conocer iniciativa alguna, si bien es cierto que sería el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien principalmente debería instruirle a estos efectos". Además, Paulino Luesma "no ha informado de ninguna gestión ni se ha pronunciado claramente en contra del Congreso ilegal en preparación".
También aseguró este colectivo que el presidente del Gobierno "ha eludido en todo momento tomar postura clara en pro de hacer abortar esta provocación de los dirigentes proetarras", mientras que PSE-EE" ha salido en defensa del consejero de Interior" y PNV "ha manifestado públicamente su apoyo a la celebración de la asamblea de Batasuna, al tiempo que la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, declara que su Gobierno "observa con normalidad" dicho acto público".