Esta asociación propone a la Francisco de Vitoria participar en un "órgano conjunto de diálogo" pero niega que vaya a existir fusión
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Foro Judicial Independiente (FJI) denuncia la "reducción progresiva de la independencia judicial" en España y el "control político" que ejercen los grupos parlamentarios sobre los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Esta es una de las conclusiones del VI Congreso que el FJI celebró la pasada semana en Gran Canaria, en cuyo marco se discutió también la necesidad de avanzar en la unidad de todas las asociaciones de jueces y magistrados que existen en España.
En este contexto, los asociados de FJI han propuesto a la asociación Francisco de Vitoria, que inicia hoy su congreso anual en Toledo, la creación de un "órgano conjunto de diálogo", también abierto a Jueces para la Democracia (JpD) y a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con el fin de superar la paralización actual de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP).
El portavoz del Foro, Conrado Gallardo, negó tajantemente, en declaraciones a Europa Press, que se trate de fusionar el FJI con la Francisco de Vitoria, y señaló que, por el momento, se trata de "avanzar en la CIP", poco útil debido a la inactividad de algunas de las asociaciones.
UNIDAD ASOCIATIVA
En su congreso, los asociados al FJI concluyeron sobre este asunto que "el instrumento real y efectivo más importante" con el que cuentan los jueces para defender su independencia es la asociación judicial.
"Es precisa, pues, la unidad judicial, pero la misma no puede ser el resultado de la victoria de unas asociaciones sobre las otras -continúan las conclusiones-. La unidad judicial sólo tendrá sentido si somos capaces de crear un nuevo modelo de asociación, donde tengan cabida las distintas sensibilidades y opiniones de los jueces, cuya pluralidad, reflejo de la de la sociedad a la que pertenecen, no sólo no es negativa sino que es muy positiva en cuanto que enriquecedora".
Este proyecto, insisten, "no tiene nada que ver" con que el FJI sea absorbido o integrado en otra asociación judicial. "La realidad es que, desgraciadamente, este proyecto de unidad asociativa hoy por hoy lo defienden muy pocos", afirman.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Como hito de lo que el FJI describe como "reducción progresiva de la independencia judicial", las conclusiones destacan "el control por parte de los partidos políticos parlamentarios del nombramiento de la totalidad de los vocales del CGPJ, con posterior designación por éste de los más altos cargos judiciales y órganos de gobierno interno del Poder Judicial"
Denuncian también que "el poder ejecutivo, central o autonómico, controla las retribuciones de los jueces y los medios personales y materiales que han de auxiliarlos, sin los cuales materialmente les es imposible desarrollar su labor" y que por ello "el poder judicial carece de autoridad sobre los funcionarios que teóricamente están a su servicio".
De "especialmente preocupante" califica el FJI la situación en el ámbito penal, "donde buena parte de las decisiones se dejan en manos de una Fiscalía que depende por completo del poder Ejecutivo y que no tiene garantizada su independencia funcional"
En este sentido, califican de "inquietante" la pretensión de atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción del proceso penal sin contemplar previamente una modificación de su estatuto orgánico que asegure su independencia e imparcialidad respecto del ejecutivo. "El Foro Judicial Independiente estará atento a las decisiones que se adopten al respecto por los comités consultivos de jueces y fiscales del Consejo de Europa", señalan.
Critican igualmente la nueva oficina judicial y las reformas procesales para implantarla, so pretexto de su modernización y de descargar al juez de trabajo, ya que "en realidad le despoja de competencias jurisdiccionales que traslada a los secretarios judiciales, funcionarios que dependen directamente del Ministerio de Justicia, es decir, del poder Ejecutivo, sin que el juez tenga un control real de esas competencias".
Finalmente, denuncian que "hay un empeño interesado en concebir la Justicia como un servicio público, en lugar de un poder del Estado, que es "imprescindible para la existencia el Estado democrático de derecho, que pueda garantizar eficazmente a los ciudadanos sus derechos y el que sólo puedan ser restringidos o alterados mediante la modificación de la Constitución, por las vías en ella establecidas, y por el cambio de las leyes que los regulan".
"Frente a esta situación los jueces tenemos el deber ético de defender nuestra independencia en todos sus aspectos, no sólo el relativo a la capacidad de adoptar decisiones sino también el de controlar su tramitación y ejecución y el que podamos desarrollar nuestra función en unas condiciones retributivas y materiales dignas", concluyen.
