Fuentes Gago asegura que en la cúpula le dijeron que Villarejo usó sus empresas "en alguna ocasión" para la Policía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El inspector José Ángel Fuentes Gago ha declarado este jueves, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por los negocios privados de José Manuel Villarejo, que validó la actividad empresarial del entonces comisario porque en "la dirección" le dijeron que esas sociedades se habían usado "en alguna ocasión" para la Policía Nacional.

"Me lo manifestaron en la dirección. Me dijeron que esas empresas en alguna ocasión se habían usado para actividades policiales", ha dicho, al ser preguntado por la defensa de Villarejo sobre el contenido del informe que elaboró en marzo de 2015 acerca de la compatibilidad de las funciones privadas y oficiales del ahora comisario jubilado.

De esta forma, ha venido a refrendar la tesis de Villarejo, que a lo largo de la vista oral ha defendido que su grupo empresarial, CENYT, era en realidad una tapadera que usaba para dar cobertura a sus servicios de Inteligencia para Policía Nacional y CNI. En las primeras sesiones, el fiscal anticorrupción Miguel Serrano ya avisó de que, aunque eso fuera así, lo "intolerable" es que se lucrara con ello.

El interrogatorio a Fuentes Gago, que está procesado por 'Kitchen' pero en este primer juicio por 'Tándem' ha comparecido como testigo, se ha centrado en ese informe de 2015, donde concluyó que el hecho de que Villarejo tuviera un entramado societario no interfería en su trabajo policial porque CENYT se dedicaba únicamente a la gestión del patrimonio personal del comisario.

A preguntas de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, el inspector ha reconocido que fue "una conclusión excesiva" porque se limitó a plasmar la información que le había dado el propio Villarejo, acreditaba por una serie de documentación, como declaraciones fiscales, sin hacer ninguna "gestión" en el Registro Mercantil para comprobar cuál era el verdadero objeto de CENYT.

En este punto, Serrano le ha reprochado que ni siquiera hiciera una mínima búsqueda en Internet, lo que le habría permitido ver --ha recalcado el fiscal-- que las empresas de Villarejo llevaban a cabo investigaciones privadas y anunciaban como un valor añadido sus vínculos institucionales con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"ME SIENTO UTILIZADO"

Fuentes Gago se ha escudado en que no tuvo tiempo. "Me dijeron que necesitaban el informe ya porque tenían que comparecer el ministro y el secretario de Estado en el Congreso por esa información (periodística) y que tenía que hacer el informe como estuviera", ha expuesto.

A este respecto, ha añadido que el DAO de la época, Eugenio Pino, le indicó que lo redactara hasta donde supiera, transmitiéndole que podía estar tranquilo porque ya había encargado él, por otro lado, "una serie de actividades en el ámbito penal". "No te preocupes", le habría señalado.

Según ha contado, el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, le encomendó que hiciera esa "información reservada", como paso previo a decidir si se abría un expediente disciplinario contra Villarejo, después de que se filtrara a la prensa una investigación sobre el comisario que se estaba desarrollando en la Unidad de Asuntos Internos.

La encomienda de Cosidó fue "simplemente verificar si era compatible que tuviera empresas y que fuera policía" y, para ello, solo contó con la noticia publicada y con las aportaciones del mismo Villarejo.

Su esfuerzo investigador se limitó a preguntar en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), donde estaba adscrito el comisario, si cumplía su trabajo. "Me dijeron que sí, que Villarejo tenía encomendadas unas funciones, que a mí no me interesaban, y que por ese lado no fuera, que no había nada que hacer, que todo estaba correcto", ha narrado.

Con esos mimbres, Fuentes Gago concluyó que, si como le había afirmado el comisario, no percibía remuneración alguna de CENYT porque las ganancias se reinvertían en el grupo empresarial, "era compatible". "Pues eso, pon eso", le alentaron.

"Me siento utilizado", ha aseverado el inspector, apostillando que no entiende cómo una "información reservada" elaborada en "un estricto marco administrativo" ha dado "la vuelta al mundo".

"Es que a mí nunca se me ordenó investigar al señor Villarejo", ha justificado, para hacer hincapié en que era una simple valoración de uso "doméstico" que "no tiene ninguna validez porque no ha habido ninguna actuación del director que la valide" posteriormente.

EL INFORME DE MÉTODO 3

Por otro lado, este jueves han comparecido también testigos relacionados con 'Land', una de las tres piezas separadas de 'Tándem' que se ventilan en este juicio. Aquí, Villarejo está acusado por, presuntamente, espiar a distintas sociedades y personas por encargo de Susana García Cereceda en el marco del pulso por el control de la principal empresa de la familia, PROCISA, y por el reparto de la herencia generada a la muerte de su padre.

Cuando falleció Luis García Cereceda, en 2010, "Susana tomó el poder", ha situado Silvia Gómez Cuétara, su viuda. Aunque la relación hasta ese momento había sido buena, "las cifras no cuadraban en absoluto". "Tuve que abrir los ojos", ha subrayado. Acudió entonces a un despacho de abogados para que la asesorara y quedaron en hacer una "valoración patrimonial" de su marido.

Gómez Cuétara ha sostenido que en ese momento no supo que se había encargado un informe en ese sentido a la agencia de detectives Método 3, precisando que lo ha conocido a raíz de la causa. Ahora mismo no sabría reconocerlo, ha rematado. Eso sí, ha confirmado que, a fin de ayudar en esa "valoración patrimonial", entregó a sus abogados la "poca" información que tenía a ese respecto, un "listín telefónico" que "usaba toda la casa", no una agenda personal de su marido.

El dueño de la ahora extinta Método 3, Francisco Marco, ha verificado que le contrataron para "realizar una investigación en materia hereditaria", concretamente para averiguar si el fallecido empresario tenía patrimonio en el exterior. El detective privado ha contado que lo elaboró "personalmente" a partir de la información que le dio su cliente, de la que fue tirando para indagar en la "estructura empresarial" de Luis García Cereceda.

Ese informe se encontró en las casas de Villarejo y su socio, Rafael Redondo. Sobre cómo llegó allí, una de las cosas que se intentan esclarecer en este juicio, Marco ha asegurado que no se lo entregó a nadie, porque contenía datos que no podía revelar a terceras personas por ser "secreto empresarial", descartando igualmente que pudiera encontrarlo Asuntos Internos en el registro que hizo en 2013 en Método 3, porque vació la oficina antes de que se produjera.

Así, ha planteado que el informe pudo cogerlo para Villarejo un ex trabajador de Método 3, "que lo pusieron a sueldo de fondos reservados" con mil euros al mes, al tiempo que ha deslizado que en las agendas del comisario hay una nota de la que se deduce que se lo pidió a 'Big', al que los investigadores policiales identifican como el ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño.

"Villarejo lo que buscaba era mi destrucción", ha asentado Marco, por una cuita familiar que venía de los años 90. Gómez Cuétara, por su parte, también se ha considerado perjudicada en tanto en cuanto ha observado que entre la documentación que manejaba CENYT había tráficos de llamadas suyos y que fue objeto de seguimientos.