MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Alternativas ha publicado un informe titulado 'Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción', en el que hace un exhaustivo análisis de 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia que se han publicado en medios españoles desde el año 2000, analiza las causas de este fenómeno y sus efectos en el sistema democrático, y propone un total de 54 medidas para acabar con él, entre otras la creación de un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas.
El informe fue presentado hoy en el Congreso de los Diputados porque, según explicaron sus creadores, aspira a ser un revulsivo para que los legisladores tomen conciencia de este problema e impulsen la puesta en marcha de, al menos, algunas de las medidas que contiene.
El vicepresidente de la fundación, Nicolás Sartorius, quien alertó de que España está "al borde de una pandemia" de corrupción, fue el encargado de desgranar estas propuestas, entre las que destacó la necesidad de buscar fórmulas que aumenten el poder de intervención de la Administración General del Estado en materia urbanística.
AGENCIA ESTATAL DE SUPERVISIÓN.
En concreto, el informe aboga por crear agencias de disciplina urbanística en todas las comunidades autónomas, así como una agencia estatal de supervisión urbanística que haga un seguimiento de los planes urbanísticos e investigue denuncias.
También plantea que la Agencia Tributaria tenga conocimiento detallado de los grandes proyectos urbanísticos, que los equipamientos de los mismos se gestionen antes o al mismo tiempo en que se produce la edificación y gravar con impuestos la retención especulativa del suelo.
El catedrático Felipe Iglesias, director del informe, hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar el papel de los secretarios de los ayuntamientos para que "no les tiemble el pulso" a la hora de frenar proyectos irregulares. A su juicio, hay que poner fin a la sensación que se ha instalado en la ciudadanía de que los delitos urbanísticos "salen gratis" y la mejor manera de hacerlo es demoler directamente todas las construcciones irregulares.
Asimismo, señaló que "no tiene sentido" que haya 17 normas autonómicas sobre esta materia y defendió la conveniencia de armonizar la legislación.
LA SOCIEDAD ES "COMPLICE".
José Juan Toharia, catedrático de Sociología, explicó que al no percibirse claramente a la víctima de este tipo de delitos, la sociedad considera incluso que la corrupción beneficia a la comunidad porque crea empleo y riqueza, se convierte en cómplice de la misma e incluso "persigue" al que denuncia.
Esta permisividad social, por un lado, y la percepción de que corromper sale gratis, por otro, son factores que influyen, según estos expertos, en los cada vez más altos niveles de abstención que se dan en España y en la reelección de políticos presuntamente implicados en tramas urbanísticas.
Para acabar con esta última situación, proponen prohibir por ley que los imputados puedan presentarse a los comicios y en la misma línea, reclaman medidas contra el transfuguismo como la "pérdida inmediata del acta de concejal de tránsfuga".
