MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, han suscrito este lunes un plan de actualización que tiene como objetivo reducir los tiempos de resolución y el número de asuntos pendientes en el alto tribunal.
El V Plan de Actualización del Alto Tribunal se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013 y estará dotado de una inversión de 1,5 millones, doce nuevos magistrados y 34 letrados que se incorporarán a las Salas del Supremo.
En concreto, once magistrados ejercerán en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, otro desempeñará su labor en lo Civil, mientras que un letrado ingresará en la conocida como la Sala 61, encargada de resolver, entre otras, las causas sobre ilegalización de formaciones políticas. La Sala Primera contará además con doce nuevos letrados, la de lo Penal con otros cuatro y lo Social con tres más.
ESFUERZO EN LO CONTENCIOSO Y LO CIVIL
Durante el acto, el ministro ha reconocido que el tiempo medio de resolución de asuntos en lo Civil se prolonga durante dos años y medio, mientras que en Penal no supere el año y en lo Social se sitúa en nueve meses. Por ello, se dedicará "un esfuerzo especial" en la Sala Primera y en la de lo Contencioso-Administrativo.
El objetivo del convenio es contribuir a que cada Sala esté en condiciones de resolver en el plazo de un año los asuntos que ingresan. El Plan sustituye al anterior previsto para el segundo semestre del pasado año y con una dotación de 2,4 millones y un refuerzo de 21 magistrados, medio centenar de letrados y 28 funcionarios.
El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha calificado de "importantísimo" este plan para la seguridad jurídica y la corrección de los retrasos registrados en el órgano jurisdiccional. En su opinión, la vía del diálogo y la colaboración es la que ha logrado avanzar en la dotación de medios.
En este sentido, ha subrayado el interés de los ciudadanos en acabar con la "lacra" que supone la "tardanza" en al resolución de sus conflictos. "Es una buena noticia", ha remachado.
Este acuerdo, que comenzó en 2006, parte del reconocimiento del Tribunal Supremo como cúspide de todos los órganos jurisdiccionales y tiene como objetivo proveer a las Salas del Tribunal Supremo y a su Gabinete Técnico de los medios oportunos para reducir la pendencia de asuntos y los tiempos de resolución.
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