Actualizado 29/07/2021 21:49 CET

García Castellón propone juzgar al ex director de Seguridad Mutua Madrileña por contratar a Villarejo

(I-D) El comisario jubilado José Manuel Villarejo, acompañado por su abogado, Antonio García Cabrera, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras salir de la Audiencia Nacional para declarar en un juicio por una pieza del caso ‘Tándem’, a 6 de
(I-D) El comisario jubilado José Manuel Villarejo, acompañado por su abogado, Antonio García Cabrera, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras salir de la Audiencia Nacional para declarar en un juicio por una pieza del caso ‘Tándem’, a 6 de - Cézaro De Luca - Europa Press

Se le encomendó un informe de solvencia sobre un ex directivo, que costó 16.000 euros

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 15 de la 'Operación Tándem' --el macrosumario por las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo--, y propone juzgar por delito de cohecho al exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña Benjamín García Cañón.

En la misma resolución, que mantiene fuera de la causa a la aseguradora, se juzgará al propio Villarejo y a su socio Rafael Redondo por la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del comisario jubilado, para confeccionar un informe de solvencia sobre un expresidente de la entidad, un proyecto denominado "Autumm" por el que Cenyt percibió 16.000 euros.

En la fecha de elaboración del citado informe, en 2012, Villarejo era comisario de Policía en servicio activo, señala el auto, y de ahí el delito de cohecho por el que el directivo ha sido procesado.

El auto recoge los presuntos hechos delictivos que se iniciaron el 20 de octubre de 2009, cuando Villarejo, que se encontraba en activo, mantuvo una reunión con Benjamín García Cañón, jefe de seguridad de Mutua madrileña, en la que se habló ya del proyecto 'Lump'. Cenyt elaboró un informe preliminar denominado "Lump-IF1", que tendría como objetivo fundamental salvaguardar los intereses de la mutua "ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas", de las que se citaba a varias personas, entre ellas el ex presidente de la compañía José María Ramírez.

Relata también el juez en su auto que Ramírez demandó a la compañía y los tribunales le dieron la razón, condenando a la Mutua al abono de abono de 13.994.720,60 euros. Posteriormente, ya en 2014, el Supremo anuló el cobro de dicha pensión de jubilación por parte del ex presidente al considerar que el mismo fue un "abuso de derecho".

No obstante, tras la condena, y ante la vicisitud de que el ex directivo instase una ejecución provisional de la sentencia, y asesorada por sus letrados, Mutua Madrileña solicitó, de manera inmediata y urgente, la confección de un informe de solvencia patrimonial de Ramírez, que se encomendó a García Cañón. Éste se puso en contacto con el Grupo Cenyt, a quien encargó finalmente la elaboración del informe de solvencia.

El socio de Villarejo, Rafael Redondo, fue el encargado de hacer el informe que denominó "proyecto Autumn" y está fechado el 17 de febrero de 2012. En él se consigna un perfil sobre Ramírez sus datos personales, sus propiedades, su actividad profesional, las sociedades mercantiles administradas por él, los cargos antiguos que ostentó en distintas mercantiles, así como la profesión de sus familiares más cercanos.

Igualmente, se elaboró un dossier sobre sus hermanos -Ángel, Jorge, Antonio y Carlos-, sobre su esposa - Isabel Fernández García- y sus cuatro hijos -Isabel María, Alicia, Jorge Martín y José María-.

SE INVESTIGÓ SI PODRÍA RECURRIR

En el informe se concluía, según detalla el auto: "Por ello, como puede observarse, prácticamente el patrimonio familiar lo ha repartido entre sus hijos y no dispone de un significativo nivel de vida ni solvencia, para hacer frente a una posible reclamación, en caso de que finalmente, en la siguiente instancia jurisdiccional no recibiera el respaldo que en la actual ha conseguido.

Se añadía que existían posibilidades de encontrar indicios de "actuaciones irregulares de esta persona" de las que se decía que, una vez obtenidos, "podrían rentabilizarse en cualquier medida, incluso en el ámbito judicial", a lo que se añadía que "para la consecución final de dichos objetivos, se necesitará la dotación de ciertos medios complementarios, según criterios a valorar conjuntamente", es decir, un precio más caro por seguir investigándole.

El Grupo Cenyt percibió 16.000 euros por la elaboración de este informe; no obstante, si se le añade el IVA, el importe facturado arroja un total de 18.880 euros. El pago por el servicio se reflejó en tres facturas emitidas por el Grupo Cenyt a cargo de mutua y en todas ellas aparece como descripción del servicio "Estudios de solvencia patrimonial", con firma de Benjamín García Cañón.