Cree que hay una "guerra de denominaciones", defiende el acuerdo sobre el estatuto andaluz y dice que en Galicia se sigue esta línea
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, rechaza que los estatutos de autonomía incluyan y regulen en cada región cuestiones como el agua y la financiación porque son asuntos de ámbito nacional que debería dirigir el Gobierno. A su juicio, una reforma constitucional debería servir en primer lugar para aclarar el reparto de competencias entre el Estado, las CCAA y los ayuntamientos.
En una entrevista concedida a Europa Press, García-Escudero señala que "el agua es un asunto prioritario y no debería estar en los estatutos, requiere una política única del Gobierno". Añade que está seguro de que este criterio "de sentido común" se trasladará a todos los proyectos de reforma, también el de Castilla-La Mancha o el de Aragón, donde el PP defiende criterios diferentes.
"Es normal que en función de la proximidad se vean las cosas de diferente manera", dice respecto a la postura de los dirigentes autonómicos de su partido. "Pero debe primar el bien común sobre el local, hay que intentar satisfacer al conjunto. Nosotros buscamos el bien común, que es difícil que satisfaga a todos, pero es el principio que debe regir", recalca.
García-Escudero se muestra convencido de que este criterio común "se trasladará" a la reforma manchega, "que está muy en los comienzos", como se está logrando en otros estatutos respecto a otras cuestiones.
REALIDAD NACIONAL ANDALUZA, "SIN PESO NI VALOR"
Así, el portavoz defiende el trabajo hecho en la reforma del Estatuto andaluz. "Se ha conseguido darle rango constitucional, hacer una norma aceptable y con sentido común. El PSOE se resistía a abandonar la realidad nacional, pero se ha llegado al texto final, una cosa histórica y testimonial, sin peso ni valor", dice respecto a la inclusión de este concepto en el preámbulo. "No hay que perder la realidad de la calle, cuando se planteó la realidad nacional de Andalucía, el andaluz se lo tomó a broma".
El trabajo del PP en este estatuto es en su opinión "un buen ejemplo de por dónde deben ir el resto de reformas" y es el que se está siguiendo en Galicia, dice. "El trabajo de Núñez Feijoo va en esa línea y me parece la sensata", insiste, para agregar que todo el PP comparte este criterio. "No ha habido la más mínima voz en contra ni en el PP ni en los órganos del partido sino al contrario, felicitaciones al trabajo realizado por Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo", asegura.
Para García-Escudero, se ha planteado "una guerra absurda de denominaciones". "Yo creo que la Constitución es muy clara, que habla de nacionalidades y regiones y que, a lo largo de la democracia, se ha llegado una definición de nacionalidad histórica que es perfectamente comprensible y asumible. Y que no se debería entrar en más definiciones, es absurdo", asegura.
FINANCIACIÓN COMÚN
Otro capítulo de los estatutos que al senador no le gusta es el de la financiación, "lo que Solbes llama el 'sudoku', con toda la razón". A su juicio, como en el caso de la política del agua, este otro tampoco debería figurar en los estatutos. "Para eso está el modelo de financiación y el Consejo de Política Fiscal y Financiera", responde. "No puede ser que Cataluña pida inversión en función del PIB, Castilla y León por la dispersión en el territorio, Canarias por la lejanía ultraperiférica, Andalucía por población... Es imposible cuadrar todo esto", agrega.
García-Escudero defiende el acuerdo alcanzado en 2001 entre Estado y CCAA. "Nadie pensaba en que fuera perfecto, pero sí en darle un carácter de estabilidad, sujeto a modificaciones sobre la marcha según se fuera experimentando", explica, para reiterar que se vuelva a este marco de negociación y cada Comunidad no incluya una fórmula particular en su estatuto.
"Es imposible que cada comunidad se rija por un parámetro distinto de las demás. Esto proviene de la división generada por el Gobierno por las cesiones a Cataluña, que suponen un agravio comparativo para los demás", dice.
REFORMA CONSTITUCIONAL
En este contexto, el dirigente del PP apuesta por emplear la reforma de la Constitución, si es que se lleva a cabo, para aclarar el reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. "Tienen que quedar perfectamente delimitadas, es prioritario", explica. "No tiene sentido que por ejemplo en materia de educación tengan competencias las tres administraciones, no tiene sentido", esgrime.
Pío García-Escudero antepone este asunto a tres de los cuatro planteados por el Gobierno y sobre los que pidió informe al Consejo de Estado de cara a reformar la Carta Magna. La excepción es la ley de sucesión de la Corona, la eliminación de la prevalencia del hombre sobre la mujer. "No tenemos ningún problema, mañana mismo", defiende.
Los otros tres son para el portavoz discutibles. "Fijar la denominación de las CCAA, según y cómo. No sabemos en qué consiste", duda García-Escudero, y explica que la Continuación "es muy clara" al hablar de la nación española, las nacionalidades y regiones, "pero ya tenemos la palabra nación aplicada a Cataluña".
En cuanto a la inclusión de la referencia a Europa en la Carta Magna, García-Escudero responde escuetamente que "la Constitución Europea no existe". Y respecto a la reforma del Senado, asegura que es un asunto del que se habla desde que se creó la Cámara "pero en el fondo ningún grupo sabe exactamente lo que quiere y si se intuye lo que quieren, son cinco senados distintos". "Es muy difícil", zanja.
En cualquier caso, para el portavoz 'popular' las reformas están paradas. "El Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado y el informe no le gustó y, a partir de ahí, no se ha vuelto a hablar de reformas constitucionales", señala. "La iniciativa le corresponde al Gobierno, no al PP, no se ha dado ningún paso ni veo que haya intención de darlo. El Gobierno dijo que a partir de septiembre haría una ronda con todos los grupos y no lo ha hecho".
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
No menos crítico es el senador con la próxima Conferencia de Presidentes, un encuentro a puerta cerrada con el que Rodríguez Zapatero, a su juicio, evita enfrentarse al Debate sobre el estado de las Autonomías, tres días de discusión con todas las Comunidades y los grupos del Senado. "En el último no se le vio precisamente cómodo", interpreta.
García-Escudero considera "un incumplimiento más" del presidente que este año no vaya a convocarse el Debate y que la Conferencia de 2006 --"dijo que sería semestral"-- se retrase a enero de 2007. En cuanto al contenido del debate, el portavoz asegura que lo espera con curiosidad. "Tengo verdadero interés en saber si Zapatero va a ser capaz de establecer un criterio global sobre la política del agua", agrega.
