Garzón.- La Asociación para la Memoria considera que perseguir al juez es "culpabilizar" a las víctimas

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamentó hoy la decisión del Tribunal Supremo de proceder penalmente contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una presunta prevaricación en su investigación del franquismo. Consideran que la decisión supone un "agravio" a las víctimas de la dictadura franquista y " satisface a quienes cometieron y legitimaron las violaciones de derechos humanos de la dictadura y a quienes desde el presente las enaltecen".

En un comunicado remitido hoy, la Asociación afirma que el intento de Baltasar Garzón de investigar las, al menos, 113.000 desapariciones causadas por la represión franquista supuso "un momento especialmente importante para los familiares de esos desaparecidos y desaparecidas", al tratarse del mayor delito violento de nuestra historia reciente.

A su juicio, el proceso abierto contra el juez "aleja al Poder Judicial español de la Justicia y lo coloca en un lugar más cercano a la política, al incumplimiento del derecho humanitario y a algo parecido a una caza de brujas".

Por ello, esperan que en su defensa el juez pueda demostrar "que cumplió con su deber y que es insostenible que en nuestra sociedad sigan muriendo personas que han padecido los delitos más graves que pueden ocurrir en una sociedad y los poderes del Estado no trabajan para garantizarles su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".

DESAPARICIONES PROGRAMADAS.

Esas desapariciones ocurrieron mayoritariamente entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de octubre del mismo año, según la asociación, lo que quiere decir que "alguien dio la orden de comenzarlas y alguien dio la orden de detenerlas".

Por esa razón, consideran q el tratamiento pretendido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que se trataba de hechos aislados y eran competencia de los Juzgados de Primera Instancia constituye "una manipulación más política que jurídica". S

"Se trata de un periodo en el que desaparecían después de una detención ilegal más de 1.200 civiles cada día y eso sin duda fue consecuencia de una campaña dirigida y orquestada por una banda armada, compuesta por militares golpistas y pistoleros de Falange y cuya investigación, sin duda alguna, es competencia del juzgado central, la Audiencia Nacional", insisten.

Recuerdan además que la Ley de la Memoria Histórica , que entró en vigor diez meses antes de que Baltasar Garzón iniciara la instrucción sobre los crímenes del franquismo, preveía la posibilidad de que los familiares pudieran abrir una vía judicial.

Concluyen que la Asociación "continuará ayudando a los familiares de los desaparecidos y seguirá tratando de encontrar justicia para ellos mientras el sistema judicial español continúa sin hacer nada para que los familiares de delitos tan graves se sigan cometiendo".

En cuanto al proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón, se trata de un hecho que aleja al Poder Judicial español de la Justicia y lo coloca en un lugar más cercano a la política, al incumplimiento del derecho humanitario y a algo parecido a una caza de brujas. La ARMH espera que en su defensa el juez pueda demostrar que cumplió con su deber y que es insostenible que en nuestra sociedad sigan muriendo personas que han padecido los delitos más graves que pueden ocurrir en una sociedad y los poderes del Estado no trabajan para garantizarles su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela resolvió hoy proceder penalmente contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar, sin ser competente para ello, las desapariciones durante el franquismo. El auto, contra el que cabe recurso de apelación, da diez días a las partes para que presenten escrito de acusación contra el juez y soliciten la apertura del juicio oral.

La resolución supone el inicio de los trámites de preparación del juicio, al poner fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el "caso Gürtel" con sus abogados en prisión.

En su auto, Varela rechaza todas las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, entre las que se incluían la declaración de los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a su tesis y también las de juristas internacionales, al considerar que "exceden del contenido propio" de las diligencias de instrucción.

El magistrado concreta que el delito cometido por Garzón fue "la adopción de plurales decisiones que por múltiples motivos se califican como opuestas al ordenamiento jurídico, desde la consciencia de dicha antijuricidad y, por ello, eventualmente constitutivas de un delito de prevaricación".

La querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS, que son quienes deberán ahora presentar sus escritos de acusación contra el juez, puesto que la Fiscalía ha instado desde el principio el archivo de las actuaciones. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación.