La acusación quiere que se tenga en cuenta una conferencia en la que Garzón criticó a la ONU por su Convención de Desaparición Forzada
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió hoy al Supremo poder conocer cuáles son las nuevas pruebas cuya práctica solicitan el Sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad en el marco de la querella que se tramita contra él por investigar las desapariciones del franquismo. Considera imprescindible esta información antes de solicitar sus propias diligencias en descargo.
En un breve escrito remitido hoy por la defensa de Garzón al instructor del caso, Luciano Varela, se señala que los hechos por los que se acusa de prevaricación al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 "constan meridianamente claros" en cada uno de los autos y providencias dictadas en el marco de su investigación en la Audiencia Nacional, "cuya lectura completa y sosegada llevan a la conclusión de la corrección procesal con la cual se han tramitado".
Añade que, al instruirse este caso por un supuesto delito de prevaricación contra Garzón, no habría más hecho investigable que las citadas resoluciones, por lo que esta defensa, ejercida por el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, se pregunta por el interés del instructor por instar a las partes a la solicitud de nuevas diligencias.
La defensa de Garzón considera que, "dado lo confuso de la querella que dio origen a la presente causa", es imprescindible que pueda conocer previamente qué diligencias solicitan las partes acusadoras "y cuál serían su naturaleza, finalidad y pertinencia", antes de pronunciarse al respecto".
De este modo, continúa el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Garzón podrá impugnar las pruebas solicitadas por la acusación y, si lo considera preciso, "proponer las oportunas diligencias de descargo".
PETICIÓN DE MANOS LIMPIAS.
La acusación, por su parte, pide al instructor del caso que tenga en cuenta el contenido de una ponencia pronunciada por Garzón el 24 de junio de 2008 en la que éste criticó a la ONU por su Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.
En esta conferencia, leída en Bogotá (Colombia) con motivo del Seminario Internacional sobre Desaparición Forzada Sin Rastro, Garzón defendió que "iba a ir para adelante" en la causa contra el franquismo "a pesar de que la ONU no ampara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos".
En concreto, Garzón criticó en su intervención la legislación de Naciones Unidas porque la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita en 2006, no contempla la imprescriptibilidad ni la permanencia temporal de este tipo de delito y tampoco prohíbe expresamente la amnistía de estos criminales. Se da la circunstancia de que la conferencia fue leída un día después de que el propio Garzón acordara asumir la competencia del asunto de las desapariciones.
Así, se solicita al Tribunal Supremo que trate de hacerse con una copia videográfica de dicha conferencia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Defensoría del Pueblo de Colombia o de los medios de comunicación que pudieran haberla grabado.
Igualmente, Manos Limpias solicita al Supremo que exhorte al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, o bien al Decanato de los Juzgados Centrales, para que remitan testimonio de las normas de reparto en la Audiencia Nacional, así como copia del libro de registro de entrada de la querella que dio lugar a la investigación de Garzón. Tratan de comprobar si el sumario sobre las desapariciones durante el franquismo correspondía efectivamente a Garzón.
TRAMITACIÓN.
Varela deberá decidir ahora cuáles de estas peticiones son aceptadas y, tras practicarlas, acordar si archiva la investigación o sigue adelante con la causa contra Garzón. En este último caso, el procesamiento del juez obligará al Consejo General del Poder Judicial a decidir si el juez debe ser suspendido de sus funciones mientras se solventa el procedimiento penal abierto contra él.
La admisión a trámite de la querella contra Garzón fue adoptada el pasado 27 de mayo por unanimidad de los cinco magistrados que componen la Sala de causas especiales en la que ha recaído el caso y en contra del criterio de la Fiscalía, que informó a favor del archivo de la misma por entender que las decisiones de Garzón respecto a la causa del franquismo pueden merecer opiniones contrapuestas, si bien no suponen delito.
