MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga el chivatazo a la organización terrorista ETA que podría haberse producido el 4 mayo de 2006, ha ordenado a la Policía Científica que realice un análisis del vídeo grabado ese día en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) para determinar "si las alteraciones que aparecen son accidentales o existe algún tipo de manipulación, corte o acción externa sobre la cinta", según informaron fuentes de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), personada en la causa como acusación popular.
Este colectivo reclamó el pasado 29 de octubre la comparecencia de "todo aquel funcionario policial que tuviera encomendada la función de llevar a cabo dicha grabación" tras constatar que ésta presentaba dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían a un momento "clave" de la investigación.
El primero afectaría, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según el informe de la Fiscalía, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas.
A esta petición se adhirió posteriormente la Fiscalía con un escrito en el que solicitaba que se determinara si la cinta fue "grabada con proyector manual y a cargo de persona física o con colocación fija", si los cortes pudieron ser provocados por "agentes externos accidentalmente o por deterioro" y si, en "caso de existir alguna imagen grabada", se pudiera "recuperar".
Garzón resuelve estas peticiones ordenando "el análisis de la cinta" a especialistas de Policía Científica, a los que solicita que vean el vídeo y posteriormente informen sobre el posible origen de las "alteraciones" que presenta.
ELOGIA A LOS MIEMBROS DE LA INVESTIGACIÓN
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también rechaza en su auto el resto de diligencias solicitadas por las acusaciones populares, en las que además de Dignidad y Justicia se encuentra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Así, considera "absolutamente improcedente tanto en la fondo como en la forma" que la Guardia Civil pueda asumir la investigación, ya que, según el juez, "los funcionarios asignados a esta investigación han realizado una actuación exhaustiva, difícilmente superable"
Garzón también considera "innecesario" que las autoridades judiciales francesas remitan la información de que disponen sobre el tráfico de llamadas intervenido el día de la operación, así como las desviaciones telefónicas a las que estaban sometidos los investigados. "El motivo de la detención queda perfectamente claro", asegura.
Además, desestima la petición de "declaración de todos y cada un de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estaban destinados en el operativo del día 4", como pidió DyJ, al considerar que este trámite es "reiterativo, propio de una investigación general y carente de base justificativa".
LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO
El pasado 1 de octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar la autoría de la supuesta delación. En la causa están imputado el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.
Los tres mandos policiales fueron citados a declarar por Garzón en calidad de imputados. Según los agentes que investigaron el caso, García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al dueño del Faisán, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el responsable policial del País Vasco habría realizado al inspector de Álava.
Sin embargo, la Fiscalía rechaza la tesis de los investigadores argumentando que las comunicaciones telefónicas "no han proporcionado ningún resultado positivo" y que esta tesis no ha sido avalada ni por la confesión de los imputados ni por la declaración como testigo de Elosúa.
El inspector de Policía que dirigió al equipo que investigó el caso, Carlos G., se defendió de las acusaciones que le sitúan como hipotético autor del soplo argumentando que en el momento de los hechos, él se encontraba reunido con el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, quien dirigía la operación contra el aparato de extorsión de la banda.
