MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) expresó hoy su respaldo al cese del general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, teniente general José Mena, por las declaraciones en las que aludió a una intervención del Ejército si el Estatuto catalán rebasa los límites de la Constitución, un pronunciamiento que consideró que denota la "rancia posición" del mando del componente terrestre.
En un comunicado, AUME incidió en que los militares son plenamente conocedores del papel que les otorga la Carta Magna en su artículo octavo, que interpreta como "la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno de la Nación y a la Soberanía popular. En este sentido, indicó que cualquier interpretación distinta del artículo constitucional "no sólo es errónea sino que si puede ser atribuida a un mando militar, hace que su idoneidad para ostentar sus funciones quede seriamente cuestionada".
"Algunas manifestaciones como las del teniente general Mena Aguado, no pueden ser compartidas por AUME ni pueden ser tenidas como si hubieran sido realizadas por un portavoz autorizado de los militares españoles", señaló la asociación que preside Jorge Bravo, que incidió en que "quienes se creen portavoces de los militares" hacen "un flaco servicio" a la Institución.
En su opinión, las declaraciones del general jefe de la Fuerza Terrestre denotan la "rancia posición" de un mando militar que se alza como portavoz de sus subordinados "incluso cuando, como es notorio, no existen mecanismos óptimos para conocer el pensamiento de los militares y sus preocupaciones". "Aquellos que se erigen en portavoces son los mismos que consideran al movimiento asociativo militar como una amenaza paras las Fuerzas Armadas y persiguen un marco regulador de derechos y libertades disminuido", añadió AUME.
La asociación recalcó que los miembros de las Fuerzas Armadas "confían en las instituciones y reiteran su vocación de servicio y el cumplimiento íntegro de las obligaciones que les han sido constitucionalmente conferidas, al servicio de la seguridad y defensa de los ciudadanos". "El Estado de Derecho exige que se apliquen por igual las normas, sin distinción de empleo, de tal forma que, con escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico, deben tomarse las determinaciones que competan a los responsables del Ministerio de Defensa", subrayó.
Por último, AUME resaltó la Constitución española como "un marco de convivencia excepcional" y señaló que la sociedad española "está en deuda con los miembros de las Fuerzas Armadas en el sentido de que debe avanzarse en los procesos que permitan a los militares dejar de ser ciudadanos de segunda".
