Generalitat levantará actas de inspección por irregularidades urbanísticas con certificaciones de Instituto Cartográfico

VALENCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana sustituirá las actas de investigación por irregularidades urbanísticas, que hasta ahora sólo podían iniciar agentes de la autoridad, por certificaciones del Instituto Cartográfico Valenciano que darán paso a actas de inspección en edificaciones de la Comunitat Valenciana supuestamente ilegales. Para ello, el cartográfico emitirá una certificación que contendrá una ortoimagen del territorio, además de una serie de datos cruzados con el Centro de Referencia Catastral y el PGOU del municipio afectado.

Así lo anunció hoy en rueda de prensa el conseller de Territorio, Esteban González Pons, quien compareció acompañado por el titular de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, y el director del Instituto Cartográfico, Emilio Forcem. González Pons manifestó que el objetivo "no es perseguir a los pequeños infractores, sino a los grandes depredadores del territorio", y aseveró que si los ayuntamientos de los municipios afectados no actúan para sancionar y restituir la legalidad, lo hará la Generalitat.

"Gracias a las nuevas tecnologías se podrá sustituir la presencia física de los agentes de la autoridad", resaltó el conseller, ya que, según los servicios jurídicos de Territorio, el acta de investigación "puede ser sustituida por una certificación del Instituto Cartográfico", de modo que la fotografía aérea de toda la Comunitat "equivaldrá a que miles de policías visitasen en sólo unos meses y una a una todas las posibles construcciones ilegales", con lo que se podrán iniciar las correspondientes actas de inspección.

Por su parte, Miguel Peralta destacó que se trata de "una decisión de extremada valentía y de gran trascendencia, por tener componentes de carácter social muy importantes", por lo que calificó la medida de una "cuestión de extraordinaria magnitud". Al respecto, González Pons indicó que no se harán públicas las actas levantadas para "que no se politice un trabajo que debemos intentar sea lo más aséptico posible".

González Pons explicó que esta medida se enmarca en el Programa de Legalidad Urbanística, que se presenta hoy y que se puso en marcha hace unas semanas, el cual pretende "detectar las construcciones ilegales, restituir la legalidad y sancionar a los infractores". Asimismo, este plan de actuación "se complementa con las denuncias que los particulares llevan a cabo y no las sustituye", indicó.

"Nuestro objetivo es dotarnos de un instrumento de control de la legalidad urbanística; colaborar con otras administraciones que también persiguen el mismo fin y, sobre todo, concienciar a la ciudadanía de que no se puede construir ilegalmente", subrayó. "No perseguimos al pequeño infractor, que queremos que deje de serlo por la vía de la concienciación ciudadana, sino al gran infractor, al que construye urbanizaciones y estafa, al que depreda el territorio", apostilló.

CONCIENCIACION CIUDADANA

Para ello, se desarrollarán programas de difusión y concienciación ciudadana, así como se firmarán convenios de carácter voluntario con ayuntamientos, para que éstos cedan competencias en materia de sanción e inspección urbanística, las cuales serían asumidas por un órgano común entre Ayuntamiento y conselleria.

El Programa de Legalidad Urbanística consta de tres fases. La primera consiste en la identificación de las construcciones supuestamente ilegales, a través de un programa del Instituto Cartográfico que recoge las variaciones cartográficas del territorio en los últimos cuatro años en suelo no urbanizable y sin límite de tiempo en el suelo no urbanizable protegido.

Según el convenio firmado entre la conselleria y el instituto, se va a priorizar la búsqueda de tres posibles irregularidades, como son la ocupación de suelo no urbanizable protegido, sobre todo en los parques naturales; la búsqueda de urbanizaciones ilegales, más que las viviendas individuales; y las que impiden o dificultan el desarrollo de infraestructuras o de crecimientos urbanos naturales.

En una segunda fase del programa se buscarán "parcelaciones o edificaciones ilegales en suelo no urbanizable, contradictorias con la normativa urbanística", para lo que se requerirá a los ayuntamientos para que informen si disponen o no de licencia municipal.

REPARACION DE LA LEGALIDAD

Finalmente, una vez que el cartográfico comunique certificación sobre una supuesta irregularidad urbanística, en primer lugar se ordenará la suspensión inmediata de las obras, así como el cese en el uso o desarrollo de la vivienda, piscina u objeto de la construcción. Seguidamente, se comunicará a las compañías suministradoras de los servicios públicos (electricidad, agua y gas) para que suspendan de inmediato el suministro a dicha edificación.

En tercer lugar, se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente, para que conste en nota marginal que se ha abierto el expediente. Para las edificaciones que se hallen en suelo protegido, se comunicará a la Fiscalía o al juzgado, con carácter previo.

Además, tal y como contempla la ley, el interesado dispondrá de dos meses para solicitar licencia o autorización urbanística que corresponda. Transcurrido ese plazo, si no se ha subsanado la irregularidad, se iniciará un expediente de restauración de la legalidad urbanística, con el plazo máximo de seis meses, que concluirá con la "demolición de las construcciones ilegales o reconstrucción de lo demolido ilegalmente; reagrupación de las parcelas en caso de parcelación ilegal, o cese efectivo de cualquier actividad".

TONICA GENERAL

Según González Pons, hay "casos de grandes estafas por grandes promociones que se construyen ilegalmente sobre un suelo en el que no debería haberse construido", en referencia al caso de Catral (Alicante), que calificó como "el templo de la construcción ilegal a gran escala".

Sin embargo, dijo que "ésta no es la tónica general de viviendas ilegales en la Comunitat Valenciana", dijo, ya que la generalidad son "pequeñas construcciones edificadas como segunda residencia por particulares". Al respecto, incidió en la necesidad de instaurar una "ética de la construcción legal entre los ciudadanos".

Por su parte, Emilio Forcem, quien explicó la metodología que utiliza el Instituto Cartográfico, apuntó que en un par de semanas comenzarán a emitir certificaciones a la conselleria de Territorio y dijo que "metro a metro vamos a revisar los 2.200.000 hectáreas del territorio de la Comunitat".