Gerardo Camps ve una "enorme injusticia" con las autonomías que se destinen 400 millones a Cataluña en infraestructuras

VALENCIA 12 Sep. (EUROP PRESS) -

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, consideró hoy que la decisión de la administración central de destinar cerca de 400 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a Cataluña para infraestructuras supone una "enorme injusticia" con respecto a "la mayor parte del conjunto de las comunidades autónomas del país". En esta línea, estimó que esta decisión "choca claramente con la solidaridad interterritorial" del actual sistema de financiación autonómica.

Camps, que asistió hoy a la reunión que el jefe de la Generalitat, Francisco Camps, y otros miembros del Consell celebraron con representantes del sector empresarial con motivo del primer foro Comunitat Valenciana 2010, se refirió de este modo al anuncio realizado ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, de destinar 400 millones de euros de los PGE a infraestructuras en Cataluña en cumplimiento a la disposición adicional del Estatuto catalán, según la cual, la inversión de la administración central en esta comunidad de los próximos años debe ser equiparable al peso que la economía de esta autonomía tiene en el PIB nacional.

El responsable autonómico de Economía manifestó que con este anuncio "ayer tuvimos constancia de cómo se consuma una enorme injusticia para con la Comunitat Valenciana y para con la mayor parte del conjunto de las comunidades autónomas de este país".

Al respecto, comentó que esta partida presupuestaria específica para Cataluña "en función de lo dispuesto en una disposición adicional de su Estatuto, choca claramente con la solidaridad interterritorial que preside nuestro sistema actual de financiación autonómica y con lo que tiene que ser la ejecución de infraestructuras a lo largo y ancho del territorio español".

Insistió, de este modo, en que "con esa decisión por la que una comunidad autónoma, en función de su participación en el crecimiento económico, puede exigir un determinado nivel de inversión pública estatal en infraestructuras, quiebra claramente la solidaridad entre los territorios" por la que uno de ellos "recibe menos de lo que crece o de la población que tiene para que otro pueda crecer más o atender mejor sus servicios sociales".

Gerardo Camps agregó que así "a partir de ahora, hay ciudadanos de primera en comunidades como Cataluña, que van a percibir más inversión pública estatal porque tienen un crecimiento mayor que otras autonomías, y ciudadanos de segunda en comunidades como la valenciana". Señaló que estos últimos "recibiendo menos que nuestro crecimiento en relación con el PIB nacional, no vamos a recibir esa diferencia simplemente porque lo decide de manera injusta el Gobierno de España". Apuntó que éste es también el caso de la Comunidad de Madrid.

Así, preguntó al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, si las comunidades valenciana y de Madrid "van también a recibir una inversión pública estatal en los PGE de 2007 en relación con nuestra participación en el porcentaje del PIB nacional".

Indicó que "hasta ahora no se ha hecho" y advirtió de que "lo que han decidido para Cataluña ha de ser igual de bueno para otras comunidades que en estos momentos tenemos crecimientos mayores de lo que recibimos en inversión pública estatal". Adelantó que mañana, en la reunión que hay prevista del Consejo de Política Fiscal y Financiera, preguntará a Solbes "si este criterio se va a hacer extensivo al conjunto de comunidades autónomas".

CLAUSULA CAMPS

Recordó que la Comunitat Valenciana "en octubre de 2004, en el Programa de Estabilidad que está hoy en vigor, sugerimos al Gobierno de España que sería bueno que mantuviera niveles de inversión pública estatal parejos a la participación en el PIB que tiene esta autonomía" aunque lamentó que "hasta hoy no se ha producido".

Afirmó también que "tampoco hay causa que justifique que unas comunidades sí y otras no en virtud del tiempo en el que esas inversiones públicas no llegaban a las comunidades" porque, según dijo, "en la valenciana, en los últimos 20 años, desde el inicio de las transferencias, hemos tenido niveles de inversión pública estatal muy por debajo de nuestra participación en el PIB, argumento que ahora utiliza Cataluña para decir que ha de tener garantizado durante siete años ese nivel de inversión pública", apuntó.

Asimismo, preguntado por si a través de la 'cláusula Camps', recogida en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, podría aplicarse en esta autonomía algo similar a lo decidido para Cataluña, explicó que no sería así porque esta cláusula "está dirigida a lo que han de ser competencias", algo que diferenció "del reparto que se hace de la inversión pública a través de los PGE".

Gerardo Camps sostuvo que "hasta ahora, el nivel de inversión pública estatal venía determinado por acuerdos políticos a los que se llegaba dependiendo de cómo se conformaran las mayorías en el Congreso y en el Senado", al tiempo que resaltó que de esta forma "se mantenía un criterio de solidaridad" ya que "nadie tenía blindado un nivel de inversión pública estatal y no llegaba más a quien tenía más crecimiento, población o extensión".

Agregó que se entendía que había autonomías como la andaluza, extremeña o castellano manchega "que tenían mayores necesidades por un menor desarrollo" y criticó que "ahora, por primera vez, se blinde un nivel de inversión pública, en este caso, por el nivel de participación en el PIB rompiendo la solidaridad".

Camps apuntó, finalmente, que si la decisión adoptada para Cataluña se acordara para la Comunitat Valenciana, "para equiparar el nivel de inversión pública estatal --actualmente de un 9 por ciento, dijo-- y aportación al PIB nacional --en estos momentos de un 9,7 por ciento, señaló-- debería darse un crecimiento de 7 décimas.