El juicio se reanudará mañana con el examen de los informes periciales elaborados por Guardia Civil y Policía Nacional
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Los seis últimos testigos propuestos por las defensas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Gestoras Pro Amnistía presentaron hoy a los integrantes de esta organización como "personas extraordinarias" que les prestaban "ayuda humanitaria" para poder visitar a sus familiares en las cárceles, poner de manifiesto su situación de "aislamiento y dispersión" y denunciar las "torturas" que aseguran haber sufrido durante el cumplimiento de sus condenas.
La séptima sesión del juicio, en el que 27 presuntos integrantes de Gestoras se enfrentan a diez años de cárcel por integración en ETA, sirvió para que familiares de etarras y miembros de colectivos de ayuda a los presos elogiaran la labor del movimiento pro-amnistía, ya que todos ellos aseguraron desconocer la estructura interna de la organización y negaron haber tenido acceso a sus documentos internos o asistido a reuniones de sus órganos de decisión.
Entre los testimonios que se sucedieron ante el tribunal destacó el de Carmen Mañas, madre de dos detenidos por actos de violencia callejera y viuda de Ángel Berrueta, el integrante de la asociación 'abertzale' Gurasoak que murió el 13 de marzo de 2004 en Pamplona tras ser disparado por un policía nacional fuera de servicio con el que mantuvo una discusión por los atentados del 11-M.
Mañas relató que Gestoras Pro Amnistía les ayudó a denunciar el "asesinato" de su marido y defender en el juicio que se trataba de un caso de "terrorismo de Estado". "Nos han prestado ayuda humanitaria, son personas extraordinarias que nos han sacado adelante", señaló en referencia a los acusados, a quienes agradeció la labor que realizaron para denunciar su caso y ponerle en contacto con "entes políticos y eclesiásticos" del País Vasco.
LA COMPAÑERA GADITANA DEL "NELSON MANDELA DE EUROPA"
También compareció en la vista Concepción Luna, compañera sentimental del etarra José María Sagarduy, a quien calificó como "el Nelson Mandela de Europa" por ser "el preso más antiguo" del continente. La testigo, natural de Cádiz, relató que su relación con el terrorista comenzó a raíz de las visitas a la cárcel que le hacía como integrante de un Comité de Solidaridad con los Presos, al tiempo que denunció que su condena se prolonga "desde hace 28 años y no termina nunca" por "venganza" del Estado.
Durante este tiempo, señaló que Gestoras Pro Amnistía le ha ayudado a viajar "desde Euskal Herria" cuando "andaba mal de dinero", ya que, según explicó, la organización dispone de fondos provenientes de "las recolectas que se hacen en los pueblos". "Si puedes aportar dinero, aportas; si no, cada uno aporta lo que puede", dijo. En este sentido, expresó su temor a que su situación cambie después de este proceso judicial. "Me da miedo porque no sabríamos a quién acudir, ¿quién va a ayudar a los presos y a las familias?", se preguntó.
La labor de "solidaridad" llevada a cabo por los acusados también fue defendida por Martín Troitiño, hijo y hermano de los etarras Domingo y Jon Joseba Troitiño; y Belén Aguilar, viuda de un asesinado por el Batallón Vasco-Español y madre de un miembro de Haika encarcelado en Alicante. "Son personas que con todo su compromiso han estado siempre al lado de los familiares", apuntó el primero.
La vista se completó con los testimonios de Miren Itxaso Idoiaga, médico de familia del Servicio Vasco de Salud en Eskoriaza (Guipúzcoa), que relató la labor de asistencia médica a los presos que realiza en colaboración con Gestoras; y Andoni Txasco, portavoz de la asociación contra la tortura 3 de Marzo, que indicó que acusados como Iker Zubia y Maite Díaz de Heredia han colaborado con este colectivo en campañas de denuncia de la tortura.
MAÑANA, LOS INFORMES PERICIALES
Tras estos testimonios la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, levantó la sesión hasta mañana, a las 10.00 horas, cuando la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal comenzará a analizar la prueba pericial propuesta por el Ministerio Fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acción popular. Será entonces cuando los peritos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil expongan ante el tribunal los vínculos que, según sus informes, tenían los acusados con Gestoras Pro Amnistía y la labor que realizaban dentro de esta organización.
El fiscal Carlos Bautista solicita para los 27 acusados un total de 10 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista, al considerar que todos ellos formaban "el frente de 'makos' (cárceles)" de ETA. En el banquillo se sientan, entre otros, los responsables nacionales de la organización, Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo; o la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y responsable de este colectivo en Álava María Teresa Díaz de Heredia.
También se encuentran procesados los dirigentes territoriales Joseba Terrones y Julen Larrinaga (Vizcaya), Aratz Estomba y Ainoa Irastorza (Guipúzcoa), Iker Zubia (Álava), Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco (Navarra), así como María Olabarrieta (responsable del departamento de Huídos), Joseba Gotzon Amaro (Bases Democráticas), Jorge Chocarro (Fuera de Aquí), Joseba Iñaki Reta (Presos Vascos a Euskal Herria), Mitxel Sarasqueta (Ex Presos) y Gorka Zulaica (Tesorería).
Completan la lista de acusados Jon Imanol Beascoa, Jorge Luis Redondo y Juan Antonio Madariaga (responsables de la Red Empresarial), Maitane Méndez Bastida y Jesús Felipe Arriaga (Comunicación), Julen Arzuaga (Internacionales) y Sabin Juaristi, Iñaki Loizoga, Ixone Urzelay y Asier Virumbrales, todos ellos responsables de Askatasuna, la organización que recogió el testigo de Gestoras.
