MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros se reunirá hoy de forma extraordinaria para abrir el proceso que conduzca a la disolución del Ayuntamiento de Marbella ante la situación en que se encuentra el consistorio por la investigación por corrupción.
Según marca la ley, antes de tomar la decisión, deberá recibir la opinión favorable del Senado y un informe preceptivo de la Comisión Nacional de Administración Local. El Gobierno solicitará hoy estos dos informes y ya el viernes aprobará el decreto de disolución del consistorio marbellí, informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.
El objetivo de la reunión extraordinaria de hoy es agilizar el proceso y afrontar con la mayor rapidez posible la situación creada en el ayuntamiento de Marbella, dada la alarma social generada con la detención del equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa Marisol Yagüe y la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos.
Las mismas fuentes precisaron que la urgencia en la solicitud de los informes es la aprobación el viernes próximo del decreto de disolución, ya que el viernes siguiente no habrá reunión del Consejo de Ministros por las vacaciones de Semana Santa.
La Junta de Andalucía tiene previsto reunirse hoy para pedir al Gobierno que inicie los trámites de disolución del consistorio. Será la primera vez que se dé este supuesto en el país.
El informe del Senado, que puede ser adoptado en la Comisión General de Comunidades Autónomas, deberá ser favorable a la disolución para que el Consejo de Ministros la apruebe. En el caso de la Comisión de Administración Local, que igualmente debe dar su opinión, la legislación no señala en qué sentido.
Así lo dicta la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, en el que se explica que el Consejo de Ministros puede disolver los órganos de una corporación local "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales".
Si con todos los informes en su mano y de nuevo mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno decide la disolución, se aplicará a partir de entonces la legislación electoral general y se abrirán dos posibilidades: convocar nuevas elecciones o que la Diputación Provincial o el órgano competente de la Comunidad Autónoma nombren una gestora que lleve al ayuntamiento hasta las próximas elecciones (en este caso, las previstas para el año próximo).
El propio ministro de Administraciones Públicas explicó ayer que "es casi imposible" convocar elecciones porque no pueden celebrarse a menos de un año de una nueva cita electoral y ya hay una en mayo de 2007. "Habrá que esperarse hasta mayo del año que viene con una gestora si es que al final todos los trámites llevan a la disolución del ayuntamiento", recalcó. Sobre la posibilidad de forzar los plazos para resolver cuanto antes la situación de Marbella, respondió que "cada vez que la voluntad política intenta forzar la legalidad el resultado es malo siempre".
