MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno defiende el nuevo formato de respuestas parlamentarias adoptado por el Ministerio de la Presidencia alegando que con el mismo el Ejecutivo sigue contestando adecuadamente y "sin incrementar el gasto público" a las cuestiones que los diputados y senadores plantean a los distintos ministerios, pese a que en esta legislatura se están tramitando de media el doble de preguntas escritas que en la anterior.
Así replica el Ejecutivo a las críticas del diputado de CiU Carles Campuzano, quien pidió explicaciones al Gobierno por haber optado por un método que, a su juicio, dificulta a los diputados la función de control al Gobierno.
En declaraciones a Europa Press, Campuzano denunció que hace unos meses la Secretaría de Estado de Relaciones con la Cortes, que ocupa Francisco Caamaño, cambió el formato tradicional de las respuestas gubernamentales y suprimió de las mismas el texto de la pregunta planteada por el diputado.
Este nuevo sistema obliga a los parlamentarios a consultar el índice que el Gobierno incluye antes de cada bloque de respuestas, en el que sólo se alude someramente el objeto de la pregunta, y se reproduce el número de registro para que el autor busque los términos exactos de la misma. Campuzano se queja esto les obliga a emplear mucho más tiempo para recopilar las respuestas que luego envían a las asociaciones o personas a las que esa información pueda interesar.
REDUCCION DEL TIEMPO DE RESPUESTA
Ahora el Gobierno ha respondido a Campuzano que con el nuevo modelo se ha "reducido el tiempo y los recursos destinados a la tramitación de cada iniciativa sin menoscabo de la función de control de las Cámaras ni de los derechos de los parlamentarios".
En sus contestaciones, a las que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio de la Presidencia destaca que en sus respuestas a los parlamentarios "queda perfectamente identificada" la pregunta a la que se da respuesta porque incluyen el número de registro de la misma y el número de identificación del asunto asignado por las Cámaras.
Según el Gobierno, añadir otros elementos de identificación, "por más que pudiera considerarse deseable en aras de una mayor exhaustividad", resultaría "contrario al principio constitucional de la eficacia que ha presidir la actuación de la Administración y que obliga a hacer un uso racional de los medios disponibles".
