El Gobierno envía al Congreso la ley para reforzar condenas a empresas por corrupción y el control a partidos

   MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

   El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Integridad Pública, una norma que, entre otras cuestiones, reforzará las condenas a empresas por corrupción e incrementará el control a los partidos políticos.

   Así lo ha anunciado el propio presidente Pedro Sánchez durante su habitual balance del curso político que ahora termina, en el que ha presumido de haber puesto en marcha, a través de tres proyectos de ley, "la práctica totalidad" de las medidas que el Gobierno anunció hace un año en el marco del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

   Entre otras medidas, Sánchez ha destacado que este proyecto de ley contempla, además de aportaciones de organismos estatales y autonómicos y de la propia sociedad civil, la creación de una nueva agencia independiente de integridad pública "con mayores funciones".

   El presidente ha comentado que ahora esta propuesta se enviará al Congreso, donde espera que pueda comenzar la tramitación parlamentaria. En este punto, ha aprovechado para instar a todos los grupos a que estén "a la altura que exige el momento" y que tengan "voluntad de diálogo" para que este proyecto salga adelante.

SUMAR REIVINDICA SUS APORTACIONES AL PROYECTO DE LEY

   Mientras, fuentes de Sumar han reivindicado su impulso dentro del Gobierno para desplegar esta normativa que, en caso de ser aprobada en el Congreso, permitirá contar con una agencia específica con "capacidad real para investigar, corregir y sancionar la corrupción".

   Según trasladan fuentes del socio minoritario a Europa Press, este proyecto de ley incorpora avances en materia anticorrupción impulsados por Sumar, destacando el caso de este organismo con capacidad para investigar y sancionar "prácticas corruptas", en lugar de sre un organismo "meramente testimonial".

   También han enfatizado que una de sus aportaciones al texto normativo es reforzar su independencia, dado que la persona que ostente la dirección de dicha agencia deberá comparecer en el Congreso y ser ratificada por una mayoría de tres quintos de la cámara. Además, se incorporan las auditorías ciudadanas como "un nuevo instrumento de transparencia y control democrático".

   Aparte, en Sumar aseguran que ha conseguido "mejorar la trazabilidad de los gastos de los partidos", obligando a que todos los pagos iguales o superiores a 1.000 euros se realicen desde cuentas de la propia formación.

    No obstante, el ala minoritaria del Ejecutivo sostiene que todavía quedan cuestiones pendientes y que seguirán demandando, como que las empresas implicadas en casos graves de corrupción no puedan recibir contratos, subvenciones o ventajas públicas mientras se investigan los hechos, así como un control "más estricto" de las donaciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos.