MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acordado este viernes autorizar el traslado desde Perú del español Juan Manuel López Rodríguez para que cumpla condena en las cárceles de nuestro país por mediar en una operación de compraventa de armas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este escándalo de tráfico de armas destapó la participación de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, que se había ayudado de otros acusados como López Rodríguez, quien resultó condenado en 2006 por suministro ilegal de armas de fuego, delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado peruano, conspiración y actos hostiles contra un Estado extranjero, así como asociación ilícita para delinquir.
Dichos delitos se corresponden en el Código Penal español con tráfico de armas, delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado y asociación ilícita, según ha informado el Ministerio de Justicia.
FUSILES AK-47 LANZADOS EN PARACAÍDAS
La sentencia consideró probado que en 1998 varias personas relacionadas con el Gobierno peruano se pusieron en contacto con miembros de las FARC para pactar la venta de 10.000 fusiles AK-47 a la guerrilla.
López Rodríguez actuó de intermediario en la operación y para ello contactó con personas que se ofrecieron a conseguir armas del Gobierno jordano, mientras que otros se encargarían de transportarlas y lanzarlas en paracaídas. Los contratos fueron firmados por personas que se hacían pasar por miembros activos del Ejército peruano.
Finalmente, se realizaron cuatro vuelos, en cada uno de los cuales se transportaron 2.500 armas y aunque la supuesta finalidad era abastecer al ejército de Perú en una operación secreta, la realidad es que esas naves con destino a Perú lanzaban las armas en territorio colombiano. Después, hacían creer que los viajes de vuelta tenían que ver con la exportación de madera, café o fruta.
Cuando la CIA descubrió la compraventa de fusiles entregó esa información al asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, quien temió verse descubierto y encubrió la operación atribuyendo al servicio de inteligencia peruano el descubrimiento de una red de tráfico de armas encabezado por un grupo organizado internacional. El traslado cumple lo estipulado en el vigente Convenio establecido con Perú y cuenta, además, con el consentimiento del interesado.