El PP sondeó al Ejecutivo con una batería de preguntas escritas en el Congreso sobre sus intenciones ante el informe del Consejo de Estado
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno abrirá la negociación en torno a la reforma de la Constitución después del verano, pero ya avisa al PP de que se limitará a los cuatro puntos que incluía en su requerimiento al Consejo de Estado --Senado, sucesión a La Corona, enumeración de las comunidades y mención al proceso europeo--, sin atender las propuestas del órgano consultivo en cuestiones como recuperación de recurso previo ante el Tribunal Constitucional o fijación de 'techo competencial'.
Así, en las respuestas a una batería preguntas escritas presentadas por el PP en el Congreso, a las que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo señala que las recomendaciones que hizo el Consejo al margen de esas cuatro reformas "se sitúan en el plano de la consideración teórica de hipótesis y contextos que no son objeto directo de la consulta formulada por el Gobierno al alto órgano consultivo".
"La propuesta de reforma constitucional que ha sido sometida a informe del Consejo de Estado se caracteriza por su carácter expresamente limitado a cuatro concretos aspectos --continúa en otro de los escritos dirigido al PP--. La propuesta de reforma, tal y como fue expuesta por el presidente del Gobierno en el discurso de investidura, no abarca ni se extiende a otros elementos de nuestra Constitución".
En cualquier caso, desde el Gobierno se otorga "la mayor consideración y respeto" al ejercicio de la función consultiva y de estudio encomendadas a la institución que dirige actualmente Francisco Rubio Llorente. "Sus informes y dictámenes, fruto de la precisión técnica y la reflexión serena, son objeto de atención y estudio --se añade--. El informe (sobre reformas constitucionales) contribuirá, sin duda, a mejorar la calidad y aumentar el rigor de la formulación, en su caso, de la propuesta de reforma constitucional expuesta por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura".
NO AL RECURSO PREVIO ANTE TC
La diputada y portavoz adjunta del Grupo Popular en la Cámara, Ana Torme, interroga al Ejecutivo sobre varios aspectos del citado informe del Consejo, como la sugerencia de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad a fin de evitar dudas sobre la viabilidad de reformas estatutarias.
A este extremo se le responde que ese recurso fue suprimido en 1985 y se cita una sentencia del Alto Tribunal de ese mismo año que apunta que "los actos o las normas que emanan de poderes legítimos disfrutan de una presunción de legitimidad", que "llega a su grado máximo en el caso del legislador" por ser representante de voluntad popular. Además, el TC recordaba que existe el recurso de inconstitucionalidad.
EL PP TAMBIÉN USÓ EL 150.2
Los 'populares' instan al Gobierno, a través de la mencionada batería de preguntas, a hacer pública su opinión sobre la conveniencia de delimitar el ámbito de las facultades de titularidad estatal "susceptibles de ser delegadas antes de culminar las reformas estatuarias".
Ante esto, el Ejecutivo socialista replica al PP que el uso del artículo 150.2 de la Constitución --que permite a través de ley orgánica la cesión de competencias que, en principio, son exclusivas del Estado-- no ha sido "escaso" y "se ha ceñido en todo caso a los criterios constitucionales".
A modo de ejemplo sacan a colación una transferencia de ese calado realizada en la primera legislatura 'popular': La Ley Orgánica 6/1997, que permitió la transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a Cataluña. "La práctica legislativa, la reflexión doctrinal así como la doctrina emanada por el Tribunal Constitucional conforman el contexto interpretativo insoslayable del precepto constitucional", se agrega desde el actual Gobierno.
CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO DE CATALUÑA
La diputada Torme usa su batería de preguntas para pedir al Gobierno una valoración sobre la existencia de competencias indelegables en el caso concreto de la reforma de Estatuto de Cataluña, así como una aclaración sobre lo que pretende hacer en referencia a la "supresión" de preceptos de ese Estatuto por "limitar y condicionar la facultad del Estado para dictar la normativa básica".
Desde el Ejecutivo se le contesta que la reforma estatutaria de Cataluña, como cualquier otra, debe respetar la Carta Magna "como norma jurídicamente inferior que es". "Las competencias que la Constitución reserva al Estado son indisponibles, del mismo modo que las competencias autonómicas estatutariamente atribuidas deben ser respetadas por la legislación estatal", se enfatiza.
"La clarificación de lo respectivos espacios competenciales a la luz de la jurisprudencia constitucional y de la experiencia acumulada es sin duda, uno de los objetivos de las distintas propuestas de reforma estatutaria --prosigue-- que contribuirá a reducir la conflictividad competencial y al ejercicio pacífico y respetuoso de las propias competencias".
El PP duda además de si se tendrá en cuenta en el Estatuto catalán la afirmación del Consejo de que "la distinción entre nacionalidades y regiones en la Constitución es jurídicamente irrelevante". A esto, el Ejecutivo responde que es compartido "unánimemente" por la comunidad de juristas que la Carta Magna "no vincula consecuencia jurídica alguna a la distinción contenida en la segunda parte del artículo 2. Esta, como todas las reflexiones del alto órgano consultivo, merece la mayor consideración y respeto".
LA DISPOSICIÓN SOBRE NAVARRA Y SOLIDARIDAD
Tampoco renuncian los 'populares' a demandar al Gobierno que tome posición sobre la posible derogación de la disposición constitucional que alude a la comunidad foral de Navarra, tal y como apunta el órgano consultivo en su informe sobre la reforma constitucional. "Esa reflexión del Consejo de Estado tiene como premisa la valoración de distintas posibilidades de incorporación de las comunidades autónomas al texto constitucional. Es en ese contexto donde cobra sentido la opinión del órgano consultivo", se precisa.
En cuanto a la pregunta de Torme sobre si conviene revisar el tratamiento constitucional del principio de solidaridad --sugerido igualmente por el Consejo--, el Ejecutivo manifiesta que la Carta Magna se ve completada en este sentido por la doctrina emanada por el Constitucional. "Los deberes de cooperación, auxilio recíproco y lealtad son algunas de las concreciones normativas del principio de solidaridad cuyo desarrollo y cumplimiento incumbe a todos los poderes públicos", concluye.
