Gobierno balear pedirá traspaso de competencias de Justicia por 50,6 millones anuales, más 101 millones para inversiones

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear pedirá al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el traspaso de las competencias en esta materia por 50,6 millones euros al año, en una reunión que se celebrará en Madrid el próximo seis de noviembre, en la que propondrá también la inversión de otros 101 millones de euros en infraestructuras judiciales, frente a los cuatro millones que ofrece el Ejecutivo central.

Así lo manifestó hoy la vicepresidenta y consellera de Relaciones Institucionales, Rosa Estaràs, quien se basó en el 'Estudio sobre la Administración de Justicia en las Illes Balears', elaborado por la empresa independiente Accenture, en el que se señalan las carencias y necesidades de los órganos de justicia de las islas y se considera necesario elevar la cantidad de la gestión desde los 30,9 millones anuales de ahora a los citados 50,6 millones.

Estaràs se mostró optimista respecto a la consecución de esta cantidad, ya que el informe viene avalado por agentes de todo el sector judicial (asociaciones profesionales, sindicatos y colegios oficiales), y estimó que la trasferencia podría ser una realidad "a finales de este año o en enero", aunque matizó que conseguir la parte correspondiente a las inversiones "costará un poco más".

Citando otro estudio de Accenture, denominado 'Plan de acción del modelo de servicio de la Administración de Justicia en las Illes Balears', la vicepresidenta explicó que se deberán construir edificios judiciales en Ibiza, Manacor, Inca, Ciudadela, Mahón y Palma, con una inversión global de 72,97 millones de euros, de los que 49,22 millones corresponden al de Palma, ya que el Ejecutivo autonómico prevé separar la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que actualmente comparten dependencias.

Sin embargo, los planes inversores del Govern incluyen otros capítulos, como la renovación del equipamiento informático, un nuevo sistema de gestión procesal, además de otro de gestión del conocimiento y el software Datawarehouse, entre otros. Además, también contempla la implantación de varios planes, dedicados a la externalización de servicios, la comunicación, formación, fomento de la participación y rehabilitación de edicificios actuales, entre otros.

A este respecto, Estaràs puntualizó que el Govern está dispuesto a pactar con López Aguilar una financiación escalonada de las inversiones en Justicia de la Comunidad autónoma, señaló que, en un plazo de nueve años, los 50,6 millones de la gestión más la parte proporcional destinada a subsanar las carencias, sumarían una media de 81 millones de euros anuales -teniendo en cuenta la evolución de la moneda-.

ESTARÀS ESPERA RECEPTIVIDAD.

La vicepresidenta manifestó su "esperanza" de que López Aguilar sea "receptivo" en la reunión que mantendrán en noviembre y aseguró que las cifras que le presentará son "realistas", aunque lejanas de la propuesta inicial del Gobierno, que es continuista respecto a la situación actual de los órganos judiciales de las islas, que son los "familiares pobres de la Democracia", según Estaràs.

En este sentido, la número dos del Govern repasó someramente la situación de las infraestructuras y de los servicios, recordando la necesidad de crear un nuevo edificio para la Audiencia de Baleares, así como otro en Inca, un depósito de detenidos en el de Mahón, la sustitución de las actuales instalaciones de Ibiza y la creación de nuevos juzgados.

Además, resaltó los problemas surgidos con el sistema informático, los archivos, la vigilancia, así como la carencia de peritos, traductores, chóferes y otros perfiles profesionales escasamente cubiertos en las islas, lo que está dando lugar a mala gestión y situaciones anómalas, en opinión de Estaràs.

Cabe señalar que Estaràs ha mantenido reuniones de trabajo a lo largo de este año -con anterioridad a la elaboración del estudio- con el presidente del TSJB, el fiscal jefe, del decano del Colegio Oficial de Abogados, la decana del Colegio Oficial de Procuradores y el decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales.

Pero, además, los contactos también se extendieron a los representantes laborales del sector, como el Comité de Empresa y la Junta de Personal; y cada uno de estos organismos realizó su propio análisis de la situación, que posteriormente fueron tomados en consideración.