Gobierno balear reclama al Gobierno que la Ley de Dependencia no recorte derechos asistenciales a los discapacitados

PALMA DE MALLORCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Deportes, Rosa Puig, reclamó hoy al Gobierno que la futura Ley de Dependencia no recorte derechos reconocidos de las personas discapacitadas de Baleares, dado que el anteproyecto no hace referencia a servicios como las viviendas tuteladas y los centros de formación especial.

Puig efectuó estas declaraciones después de reunirse en la Capella del Consolat de Mar con miembros de la Unión de Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusválidos de Baleares (UNAC) y la Coordinadora de la Federación Balear de Personas con Dispacacidades.

La consellera recordó que en la actualidad toda persona dependiente puede acceder a residencias públicas de las islas abonando sólo una pequeña parte de su pensión. En este sentido, señaló que en la última reunión sectorial el Gobierno planteó la posibilidad de que todos los servicios a ciudadanos dependientes sean cofinanciados a partes iguales entre Estado, Comunidades Autónomas y usuarios.

La titular del departamento autonómico expresó su rechazo hacia esta fórmula y defendió que los costes sean asumidos por las administraciones central y autonómica. Sin embargo, subrayó que el Ministerio se mostró partidario de dialogar con las comunidades pero no a negociar. Pese a ello, expresó su confianza hacia la "palabra" del Gobierno de aceptar la existencia de 55.000 personas dependientes en Baleares y no 26.000, como sostuvo en un primer momento.

Tras el encuentro con miembros de las asociaciones de discapacitados de las islas, la consellera comentó que estas entidades comparten la preocupación del Govern sobre el grado de dependencia exigido para beneficiarse de la futura Ley, que según el texto actual deberá superar el 75 por ciento. Igualmente, consideró "incompleta" la definición de persona dependiente, concepto que, según defendió, no tiene en cuenta a los discapacitados que tampoco pueden valerse por sí mismos.

Por su parte, el gerente de la UNAC, Juan Perera, subrayó que la legislación distingue entre persona dependiente y discapacitada sin establecer "claramente" las diferencias entre unas y otras. Por ello, ante estas "lagunas", reclamó que la normativa "no sustituya elementos de la red asistencial para personas discapacitadas que tenemos y que, por otra parte, mejora los existentes."