Gobierno de Canarias critica que Justicia aún siga sin nombrar el juez para poner en marcha el Juzgado específico de Inmigración

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EP/IP) -

La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias critica que el Ministerio de Justicia aún siga sin nombrar el juez necesario para poner en marcha un Juzgado de Guardia Específico para Inmigración, a pesar de que el Ejecutivo regional habilitó "desde la pasada semana el espacio físico necesario y nombró a los ocho funcionarios correspondientes para su puesta en marcha".

Aunque no se ha producido aún ese nombramiento, competencia exclusiva del citado Ministerio, el Gobierno de Canarias desplazó ya la semana pasado los ocho funcionarios que corresponderían a dicho Juzgado al Edificio de Juzgados de Arona, con el fin de que comenzarán a prestar los refuerzos necesarios a los jueces correspondientes, a la espera de que el Ministerio de Justicia realice dicho nombramiento.

A pesar de esa solicitud y de contar también, desde el pasado 26 de septiembre, con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia sólo ha procedido a nombrar el secretario judicial correspondiente, acción que también compete de manera exclusiva a dicho departamento. En cambio, en lo que se refiere a las competencias del Gobierno de Canarias, la Consejería de Presidencia y Justicia ya ha nombrado a los ocho funcionarios que necesita el nuevo juzgado, lo cuales ya se encuentran trabajando.

"Una vez más -afirmó el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano- el Ministerio de Justicia nos demuestra a todos los canarios que sigue sin importarle el tema de la inmigración, ya que más de 15 días después de solicitar la creación de este nuevo Juzgado, de manera urgente, seguimos sin respuesta"

Ruano precisó que además de esta acción "es necesario que, entre las actuaciones de reforma legislativa que deben emprenderse a nivel de Estado, no sólo se modifique la Ley Orgánica de Extranjería y el Código Penal para que no queden impunes los patrones y tripulaciones de estas embarcaciones, apresados fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, sino que también deben modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación". "Esas modificaciones -añadió- permitirían crear juzgados específicos de inmigración y extranjería que conozcan de todos los ámbitos que se derivan de la aplicación de estas normas (autos de internamiento, recursos constenciosos, autos de expulsión, etc.)".

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago, visitará mañana miércoles los Juzgados de Arona, que son los que mayor carga han soportado y soportan por la crisis inmigratoria.