Gobierno canario dice que los irregulares se trasladan hacia el Sur subsahariano por la política estatal con Marruecos

Actualizado: miércoles, 5 abril 2006 18:51

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Abr. (EP/IP) -

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, adelantó esta mañana, en el pleno del Parlamento, uno de los argumentos que, sobre la inmigración irregular, expondrá el Ejecutivo en las cinco comparecencias acumuladas que se debatieron en la jornada vespertina.

A una pregunta del portavoz del PP, Fernando Toribio, el consejero de Presidencia y Justicia declaró que las salidas de inmigrantes irregulares de los países subsaharianos se habían desplazado más hacia el Sur del continente africano por la "nueva" política del Ejecutivo estatal del PSOE con Marruecos. Para Ruano, la desplegada por los gobiernos anteriores del PP fue "nefasta".

Tras recordar que el Ejecutivo de CC ya puso en conocimiento de Madrid su rechazo a la ampliación de las plazas de acogida en los centros de internamiento de la Comunidad Autónoma e instó al cumplimiento de la iniciativa del Congreso para el establecimiento de un límite; Fernando Toribio criticó al Estado y al Ejecutivo regional por ir a "remolque" de los acontecimientos, lo que les lleva a "improvisar" medidas para afrontar el problema.

En opinión del PP, Canarias corre el riesgo de convertirse en una "plataforma tricontinental de las mafias que trafican con seres humanos" y las responsabilidades se encuentran en la regularización "masiva" decretada por Madrid y en los efectos "colaterales" del reforzamiento de las fronteras de Ceuta y Melilla.

El "incumplimiento" del plan de derivaciones, recordó, ha hecho que sólo el 7 por ciento de los 3.000 indocumentados recluidos en los centros de las islas, haya sido derivados; hace "temer" que Canarias se convierta en un "macro centro de retención", según el PP.

Fernando Toribio también criticó a los "pseudoprogres" del PSC que se negaban a que la Armada estuviera en las costas canarias mientras que, en la actualidad, "han sacralizado" esta medida, originariamente defendida por el diputado del PP, Domingo González Arroyo.