El Gobierno dice que la 'Operación Halcón' es en estos momentos competencia exclusiva de los órganos judiciales

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Carlos Ocaña, aseguró hoy que las investigaciones sobre la denominada 'Operación Halcón' en determinados juzgados de lo Penal en la provincia de Cádiz el pasado mes de abril son competencia en estos momentos de los órganos judiciales. Además, explicó que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) "únicamente" presta colaboración.

En la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, Ocaña afirmó que en el momento en el que las investigaciones de la AEAT dan lugar a indicios de delito "pasan a manos de los jueces y dejan de ser impulsadas por la agencia", por lo que rechazó ofrecer información sobre el número de empresas investigadas, el importe al que asciende el fraude y las acciones previstas, tal y como le reclamaba el PP.

Ocaña señaló que la AEAT estuvo en el origen de esta operación de investigación, en la que se desarticuló una trama organizada dedicada a la emisión y venta de facturas falsas, y que, en estos momentos, "la labor de la agencia es exclusivamente seguir prestando colaboración a los órganos judiciales" para la cuantificación del fraude.

PP ACUSA DE "OCULTACIÓN DE DATOS"

Tras esta información, el senador 'popular' José Blas Fernández mostró su descontento y acusó a la Secretaría de Estado de Hacienda de "ocultación de datos" y de "ordenar" a la AEAT que no transmita información sobre el desarrollo de las actuaciones en la 'Operación Halcón'. "Esto es una chirigota", ironizó.

Ocaña consideró una "irresponsabilidad hablar de ocultación" y subrayó que las instituciones españolas "funcionan bien". "Es una imputación gravísima que no tiene ninguna base y me parece muy irresponsable", concluyó.

Esta intervención, que concluyó con la imputación de 15 personas y la detención de ocho, desarticuló una trama dedicada a la emisión y venta de facturas falsas que eran compradas por empresarios del sector de la marroquinería y artículos de piel para desgravarse así de forma irregular el importe en sus declaraciones del IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

Según las informaciones iniciales, el fraude podría superar los 40 millones de euros. Durante la operación fueron intervenidas cinco fincas, tres vehículos de lujo, 15 cuentas corrientes y 450.000 euros en metálico distribuidos en cinco cajas fuertes y fueron detenidas personas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Ronda (Málaga) y Ubrique (Cádiz).

La Agencia Tributaria explicó que con las facturas falsas el adquiriente conseguía justificar contablemente un doble beneficio fiscal, ya que computaba una mayor desgravación en el IVA y simulaba unos gastos a desgravar en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que reducía los beneficios declarados. Todo ello a un importe muy inferior al que aparecía nominalmente en la factura falsa, porque el precio pagado por la misma es siempre inferior al que figuraba en la misma.

Para dificultar la labor de la Administración Tributaria, se procedía a la creación sucesiva de empresas pantallas y emisoras de facturas falsas utilizando testaferros insolventes. Los titulares de las empresas preparadas para defraudar están relacionadas con el sector de la piel y tenían, en muchos casos, relaciones personales y familiares entre ellos.