El Gobierno dice que el uso de la palabra nación para Cataluña en el Estatut no es superable en un futuro Estatuto vasco

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que los términos en los que se ha introducido la palabra nación para hablar de Cataluña en el proyecto de Estatut catalán "no son superables" en un eventual nuevo estatuto vasco, porque el artículo 2 de la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de la Nación española, "en ningún caso" el Gobierno lo va a cambiar.

Así se pronunció en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, al ser preguntada si serían superables, en un eventual nuevo estatuto vasco, los términos en los que se habla de la nación catalana en el proyecto de Estatut catalán. De la Vega explicó que "en el preámbulo del nuevo Estatuto lo que se dice es lo que dijo el Parlamento de Cataluña" y que a continuación se precisa que "el término de nación está reservado por la Constitución española a España".

"Esos términos no son superables porque lo que establece la Constitución española no va a ser cambiado. Nosotros compartimos lo que establece el artículo 2 de la Constitución española y en ningún caso vamos a cambiar" ese artículo, insistió.

TREGUA

Por otra parte, indicó que el primer paso que hay que dar tras el anuncio de alto el fuego permanente por parte de ETA es "verificar, corroborar, que efectivamente la declaración efectuada por la banda terrorista se corresponde con una voluntad inequívoca e irreversible de que se acabe definitivamente la violencia". De la Vega realizó esta reflexión al ser preguntada si veía factible que Batasuna o un partido similar pueda presentarse a las elecciones municipales del próximo año.

En ese sentido, aclaró que una vez comprobada la voluntad de ETA de terminar definitivamente con la violencia, "el espacio para la política es el que establece" el marco democrático español. "Por tanto, cualquier organización que quiera participar en política tiene que aceptar las reglas del juego democrático, incluido la Ley de Partidos, el Código Penal y la Constitución".

No obstante, precisó que "todo lo que puede o debe ocurrir a partir de ahora hay que ir haciéndolo desde la responsabilidad, desde la certidumbre de que todos los pasos que se dan son pasos que no tienen marcha atrás".

Por otra parte, consideró "legítimo y lógico" el sentimiento de "satisfacción", según ella, "mayoritario" de la sociedad y las fuerzas políticas ante el anuncio de ETA de alto el fuego permanente, aunque recordó que el Gobierno dijo que además de acogerlo con satisfacción, había que tener "una enorme responsabilidad, prudencia y muchísima cautela" porque era necesario que esa voluntad "se verifique".

Además, subrayó que no hay que darle las gracias a la banda por decidir dejar de usar la violencia porque si se ha llegado a esta situación "ha sido porque la sociedad española, las fuerzas políticas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, todo el mundo ha estado luchando contra el terrorismo durante mucho tiempo".

Según la vicepresidenta, "la lucha de todos los gobiernos democráticos, la Ley de Partidos políticos, (el trabajo de) los cuerpos y fuerzas de seguridad y desgraciadamente tantas víctimas mortales" han conformado "el instrumento fundamental para acabar con la violencia".

De la Vega abogó por que a partir de ahora todas las fuerzas políticas, pero principalmente el principal partido de la oposición, construyan juntos "desde la leal sinceridad y cooperación" el futuro.

VÍCTIMAS

Por otra parte, y en alusión a las víctimas, les aseguró que "van a estar permanentemente presentes para el Gobierno y para todas las fuerzas políticas y que, por tanto, que esa presencia, ese reconocimiento y ese apoyo va a existir". "Lo más importante para las víctimas y para todos es que podamos decir que hemos acabado con la violencia", añadió.

Según De la Vega, el reconocimiento de las víctimas "debe hacerse bajo el principio de justicia y bajo el principio de responsabilidad del cumplimiento de las penas impuestas por los tribunales para quienes han cometido delitos y bajo el principio de reinserción que en su momento se aplicará de acuerdo como prevén los pactos y la Constitución".