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Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que el Ejecutivo quiere renovar el Tribunal Constitucional "cuanto antes" y que ya se ha puesto en contacto con el principal grupo de la oposición para que, en "cuanto esté en condiciones", se puedan reanudar las conversaciones y renovar esta institución antes del 30 de junio.
Así ha respondido la vicepresidenta al ser preguntada este viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy está a la espera de que los socialistas elijan a su nuevo secretario general para retomar las negociaciones sobre la renovación del alto tribunal.
"Lo más urgente e inmediato es renovar el Tribunal Constitucional", ha señalado Sáenz de Santamaría, para poner de relieve la intención del Gobierno de "llevar a cabo la renovación de una manera inmediata" y "en todo caso durante este periodo de sesiones". "A buen entendedor pocas palabras", ha remachado.
La vicepresidenta del Gobierno ha mostrado su voluntad de hablar y "tratar de construir un diálogo" con el resto de fuerzas políticas para aprobar medidas de carácter normativo que afecten al funcionamiento de esta institución y que serían objeto de una Ley Orgánica.
Ha precisado que algunos grupos ya han avanzado su intención de apoyar medidas en este ámbito. Entre ellas, ha citado la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad sobre los Estatutos de autonomía y la "necesidad" de abordar una nueva regulación del recurso de amparo para evitar que el Constitucional se convierta en una "instancia jurisdiccional más" y pueda centrarse en la resolución de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad con un carácter "amplio" e "inmediato".
OTRAS FÓRMULAS DE NOMBRAMIENTO EN EL TC
Otra medida que reclama, a su juicio, el conjunto de la ciudadanía y que, ha dicho, los 'populares' llevaban en su programa electoral se basa en la búsqueda de "otras fórmulas" de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, "que lo alejaran de esa composición de las concretas mayorías parlamentarias".
"Tenemos que ver hasta dónde se puede llegar, qué cosas se pueden mejorar en el ámbito de la Ley Orgánica o si es posible construir un consenso más amplio que permitiera una reforma en el ámbito constitucional", ha avanzado la vicepresidenta, para recordar después que este paso debería contar con la mayoría prevista en la Carta Magna aunque su intención es dialogar con la oposición sobre este aspecto.
El artículo 159 de la Constitución determina que el TC se compone de doce miembros nombrados por el Rey. De ellos, cuatro se designan a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a instancias del Consejo General del Poder Judicial.
MÁS NEUTRALIDAD DE LA FISCALÍA
En cuanto a la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sáenz de Santamaría ha defendido que es necesaria para "despolitizar la Justicia". En su opinión, la designación de 12 de los 20 vocales por parte de jueces y magistrados es "mucho más coherente con el espíritu de la Constitución".
Esto facilitará que el órgano de gobierno de los jueces sea "un instrumento de política judicial y no de otro tipo de políticas". Ha informado que se está "en pleno diálogo" con colectivos de jueces y magistrados con el fin de fijar "una fórmula abierta que permita la mejor y la mayor participación" de todos los integrantes de la carrera judicial para elegir a sus representantes.
Por último, la vicepresidenta ha hecho referencia al nombramiento del próximo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para revelar que se harán "los cambios que sean oportunos" para dotar de la "mayor profesionalidad y neutralidad posible" a los miembros de la Carrera Fiscal, en el marco de la jerarquía y la dependencia establecida en la Constitución.
"Vista la experiencia", ha concluido, es posible trabajar para lograr una mayor independencia de la Fiscalía general y de la Fiscalía Anticorrupción.
