El Gobierno estima que la 'Ley de la Memoria' obligará a reajustar o crear más de 31.000 pensiones e indemnizaciones

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estima que la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura obligará a reajustar o crear, en total, más de 31.000 pensiones y nuevas indemnizaciones.

Este dato se deduce de la Memoria Económica que acompaña al Proyecto de Ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que cifra el coste global de aplicación de la norma entre 51,3 millones y 60,80 millones de euros, según recoge Europa Press.

El proyecto prevé la modificación de la Ley de reconocimiento de pensiones, asistencia medico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la Guerra Civil.

Hasta el momento, estas familias sólo tenían derecho a esas prestaciones si la víctima había fallecido en el plazo de dos años tras el fin de la guerra. El Proyecto de Ley elimina ese plazo. No obstante, para este concepto, la Memoria no cuantifica cuantas personas pueden verse afectadas, y se limita a decir que será "reducido" dado que la mayor parte de los fallecimientos en la población civil se produjeron durante el propio periodo bélico o murieron antes de los dos años que, en la actualidad, fijaba como plazo la norma para poder recibir prestaciones.

En segundo lugar, se prevé un incremento de las pensiones de los huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, que estaban congeladas desde 1981. La nueva pensión se establece en 132,86 euros mensuales, y se le aplicarán los complementos económicos y las revalorizaciones que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

El Ejecutivo calcula en 14.739 las pensiones afectadas por este reajuste, que supondrá un coste anual de 15.710.835 euros. A estas pensiones se suman otras 728 a las que podría aplicárseles el sistema de complementos a pensión mínima, lo que daría un monto 3.405.351 euros.

BATALLONES DISCIPLINARIOS: 1.800 BENEFICIARIOS.

En tercer lugar, se recoge la modificación del ámbito de aplicación de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión en los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía. El proyecto de Ley posibilita la obtención de indemnización por una sola vez a quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o más años, y tuvieran cumplida la edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990.

El Ejecutivo estima como "razonable" que el número de nuevos beneficiarios será de 1.800, que obtendrían una indemnización de 6.010,12 euros (10.818.216 euros en total). Además, el Gobierno prevé que otras cien personas puedan beneficiarse de una revisión de indemnización, al poder sumar los periodos padecidos en los Batallones Disciplinarios. Ello supondrá un monto total de 120.212 euros (1.202,12 euros cada uno).

De otra parte, el Gobierno cifra en 25 las indemnizaciones que se reconocerán a los beneficiarios de quienes perdieron la vida realizando actividades en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Esta ayuda está dotada con 135.000 euros, lo que supondría un coste total estimado de 3.375.000 euros.

El Proyecto de Ley también plantea ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía. Lo que se pretende es compensar a las personas que hubieran tributado por las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004 por el mismo concepto.

El Ejecutivo se limita a hacer una "mera estimación" al respecto ya que no se dispone del importe de ayudas satisfechas por Cataluña, Andalucía y Murcia, tres comunidades que representan aproximadamente tres cuartas partes del número total de solicitudes aprobadas.

En cualquier caso, el Gobierno da como "hipótesis razonable" que soliciten acogerse a esta medida 14.000 solicitantes, lo que supondría un monto de 9,45 millones de euros.