El Gobierno estudia la constitucionalidad de las propuestas del PP para impedir que Batasuna se 'cuele' en elecciones

Actualizado: domingo, 6 junio 2010 14:35

El PP entregó sus demandas a Interior hace dos semanas, entre las que plantea que la ilegalización de un partido arrastre a sus electos

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está analizando la constitucionalidad de las propuestas que ha hecho el PP con el objetivo de endurecer la Ley e impedir que Batasuna se 'cuele' en las elecciones, según informaron a Europa Press fuentes de la negociación. Los populares han entregado ya al Ejecutivo sus demandas, entre las que plantea que la ilegalización de un partido arrastre a todos sus cargos electos. Se trata de unos planteamientos que, además, dan una vuelta de tuerca a las propuestas que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo.

El Ejecutivo acordó en ese Consejo de Ministros modificar la Ley Electoral para estrechar el cerco a Batasuna y, entre otras medidas, proponía alargar el plazo en el que se puedan impugnar candidaturas de partidos que se consideren sospechosos de estar vinculados a la violencia, al tiempo que incluía la obligación, para los electos de un partido ilegalizado con posterioridad a las elecciones, de rechazar la violencia en un plazo de quince días. En caso contrario, perderían la condición de electos.

Sin embargo, el PP consideró insuficientes las medidas que propone el Ejecutivo y ha preparado un documento en el que se exponen otras que tratan de cerrar todos los 'coladeros' que pueda utilizar Batasuna para estar presente en las elecciones.

El Gobierno, el PSOE y el PP han comenzado ya los contactos para alcanzar un acuerdo en torno a este asunto. Hace escasamente dos semanas, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho reunió en la sede del Ministerio a representantes del PSOE, del PP, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Los populares expusieron en este encuentro sus planteamientos, que están analizando ahora los servicios jurídicos del Estado y los de la Fiscalía General. El objetivo es analizar la constitucionalidad y por lo tanto, la viabilidad legal de plasmarlos en la reforma legal que se pretende llevar a cabo para impedir que Batasuna concurra a las elecciones.

El objetivo es tener cerrado un acuerdo que permita aplicar estos cambios en los próximos comicios municipales y autonómicos de mayo del próximo año y que en el País Vasco serán municipales y forales. La intención por ambas partes es que este asunto se incluya en la reforma de la Ley Electoral que, en la actualidad, está siendo analizada en el Parlamento por una Subcomisión creada para ello y que incluye numerosos cambios en otros aspectos de la citada Ley.

Una de las propuestas que ha realizado el PP es impedir que la izquierda abertzale pueda 'colonizar' las listas de otro partido legal para burlar la Ley, sin necesidad de ilegalizar a este último. Los populares han analizado si era posible "expurgar" o "limpiar" una lista electoral, pero manteniendo el resto de la lista. Sin embargo, concluyeron que esta opción podría llegar a plantear problemas de constitucionalidad.

Por ello, una de las posibilidades por las que se ha optado, es la de poder declarar la nulidad de la candidatura, pero sin ilegalizar las siglas del partido que la sustenta.

PROPONEN QUE LA ILEGALIZACION ARRASTRE A LOS ELECTOS

Además, los populares han propuesto una fórmula más directa para que un electo pierda el escaño y es que la declaración de ilegalidad (de un partido político) arrastre, por la vía de la nulidad, a los que tengan escaño a las consecuencias de pertenecer a una asociación ilícita.

La fórmula que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo contempla que, si un partido es ilegalizado después de celebrarse los comicios electorales, sus concejales, diputados o parlamentarios tendrán que hacer una declaración de "rechazo y repulsa" expresa de "las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrió a las elecciones".

En caso de no realizarlo así, perderán el escaño. Además, la propuesta gubernamental incluye un plazo de 15 días naturales para realizar esta declaración, desde que la Administración Electoral comunique al interesado la concurrencia de esta causa de incompatibilidad.

RECURSO CONTRA LA PROCLAMACION DE ELECTOS

Sin embargo, la propuesta del PP quiere que este proceso sea automático y que la "declaración de ilegalidad" de un partido "arrastre" a quien posea el escaño a "las consecuencias de pertenecer a una asociación ilícita".

Los populares también quieren que la Legislación electoral incluya un recurso contra la proclamación de electos, de tal forma que si finalmente se 'cuelan' los integrantes de Batasuna en alguna lista, burlando los controles legales y se pueda demostrar antes de que se produzca la proclamación de estos, haya la posibilidad de recurrir para impedir que lleguen a acceder al escaño.

Otra de las propuestas que han realizado los populares es una fórmula más segura para disolver ayuntamientos en caso de que estos estén gobernados por un partido ilegalizado o que no se desvincule de la banda terrorista.

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