La medida compensaría a los registradores tras la pérdida de trabajo después del estallido de la "burbuja inmobiliaria"
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno estudia cuánto y por qué trámites cobrarían los registradores de la propiedad y mercantiles una vez que se les ceda el Registro Civil, según fuentes del Ejecutivo. Esta medida, la cesión del registro civil, está incluida en el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros en la que está trabajando el Ministerio de Justicia.
Las mismas fuentes explican que quedarán fuera del cobro de aranceles los certificados de nacimiento y defunción, que suponen dos tercios de los trámites que actualmente realizan los Registros Civiles. La cifra anual de trámites asciende a 1,4 millones, de los que aproximadamente dos tercios corresponden a certificados de defunción y nacimiento --450.000 cada uno--.
El resto, que son unos 500.000 trámites, algo más de un tercio del total, son los que están en estudio. Ahí están incluidos los trámites de matrimonio, separaciones, divorcios, cambios de nombre y apellidos o la nacionalidad.
ESTUDIAN SOMETER A ARANCEL 500.000 TRAMITES ANUALES
De momento no se ha establecido cuáles de estos servicios se cobrarán, ni qué cantidad. Para ello, el Ejecutivo está realizando estudios de derecho comparado para ver cuánto se paga por estos servicios en otros países de nuestro entorno.
El borrador que ha realizado el Ejecutivo no incluye ni cuáles, ni cuántos pueden ser los honorarios de los registradores, pero sí precisa que los honorarios arancelarios que perciban quedarán afectados por la "cobertura directa de los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como su retribución profesional". Además, señala que las tarifas se fijarán atendiendo al coste efectivo de cada operación registral.
Eso sí, los honorarios que se establezcan los tendrá que aprobar el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, mediante Real Decreto a propuesta conjunta de los Ministerio de Justicia y Hacienda, que deberán acompañar una memoria económico-financiera.
BUSCA COMPENSAR LA CAIDA DE TRABAJO DE LOS REGISTRADORES
Las fuentes consultadas argumentaron, al explicar esta medida, que el trabajo de los registradores ha caído por la crisis del mercado inmobiliario y quieren equilibrar el volumen de trabajo, aunque no aseguran que no es una compensación de ingresos porque ni siquiera saben lo que van a cobrar por los trámites que realicen, ni qué trámites tendrán coste para los ciudadanos.
También se alega que de esta manera se liberarán muchos funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en funciones de registro para realizar otras tareas. Ahora hay 36 jueces en los registros exclusivos, con todo su personal y funcionarios, que optarían a otros puestos. También hay 1.000 juzgados mixtos de Primera Instancia que dejarían de hacer la función de registro, así como los 7.600 jueces de paz que, en ocasiones, también realizan estos trámites.
Actualmente los costes del registro civil son de 350 millones de euros anuales, pero la asunción de funciones por los registradores de la propiedad no significa que esa cifra se vaya a ahorrar, ya que buena parte es el salario de los funcionarios que habría que recolocar.
Además, desde el Ejecutivo se escudan en una enmienda que presentó IU a la Ley de desjudicialización de los Registros que aprobó el PSOE en 2011, en la que pedía que los registradores de la propiedad hicieran este trabajo de los registros civiles, para argumentar que no se trata de una privatización de los registros.
LA TRAMITACION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA TENDRA COSTE
Lo que sí parece claro es que la tramitación de la nacionalidad española por razón de residencia sí tendrá un coste. Ahora es el juez quien hace el informe y se lo remite al Ministerio, pero si se aprueba esta reforma, pasará a hacerlo un notario y eso sí tendrá un coste, aunque no se ha precisado cuánto costará y, de hecho, en el borrador, no aparece cuantificación de tarifas, ni aranceles. Aunque las fuentes consultadas señalan que este trámite en otros países europeos tiene un coste similar a las tasas para pleitear.
Y los ciudadanos que se quieran casar por lo civil también tendrán que pagar, ya que la Ley prevé que los matrimonios los celebre un notario.
Otra de las cosas que podrían dejar de ser gratuitas son los recursos ante el Ministerio de resoluciones que han adoptado los Registros. Ahora se puede recurrir ante la Dirección General de Registros y Notariado, pero se está analizando la posibilidad de que se vaya directamente a la jurisdicción civil y esta tiene tasas para poder pleitear.
La intención es tener preparado el proyecto de Ley durante el primer trimestre de 2012, para que sea aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes, con el fin de que la tramitación concluya después del verano y haya tiempo suficiente para desarrollar el reglamento que entre en vigor en 2014.
