MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Ministros ha solicitado este viernes a su presidente, Mariano Rajoy, que impugne ante el Tribunal Constitucional tres leyes aprobadas por el Parlamento catalán, dos de ellas por un conflicto de competencias. Se trata de la ley grava las viviendas vacías, la de gobiernos locales y la ley de igualdad entre hombres y mujeres; y los recursos llevan aparejada la petición de su suspensión cautelar si son admitidas a trámite. Según ha explicado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno impugnará la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un nuevo tributo sobre el mismo hecho, ha dicho, incurre en "vicio de inconstitucionalidad". Las otras dos leyes afectadas, recurridas porque el Gobierno central estima que invaden sus competencias, son la Ley 16/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la Ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Catalá ha remarcado que el Gobierno no tiene nada en contra del objetivo de esta última ley, pero tanto él como sus órganos asesores consideran que invade competencias estatales. El ministro ha justificado estos recursos como "el ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado en sus competencias". El Gobierno, ha dicho, ha impugnado 30 leyes catalanas, igual que la Generalitat ha impugnado casi medio centenar del Gobierno central. No ha sido recurrida sin embargo la ley catalana antidesahucios y contra la pobreza energética, que preocupa especialmente a la Generalitat. Ha sido porque, según ha recordado Catalá, antes de llegar a una impugnación existen mecanismos para alcanzar acuerdos, para los que ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a trabajar con la mejor disposición. Según ha explicado, el Gobierno ha tomado la decisión de impugnar las tres leyes catalanas ante el Tribunal Constitucional porque acababan ya los plazos legales que le permitían hacerlo. Todavía cuenta sin embargo con margen para la ley antidesahucios, que está en la mesa de la comisión bilateral entre ambas administraciones --"que hace un análisis jurídico, no político", ha puntualizado el ministro-- y en la que se sigue trabajando para intentar llegar a un punto de encuentro, que incluso podría incluir alguna "modificación" de la legislación. La interposición de estos recursos llega tan sólo dos días después de la reunión mantenida entre el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Catalá ha recordado que Rajoy ya adelantó entonces a Puigdemont la obligación del Gobierno en defender la Constitución y el ordenamiento jurídico, así como de recurrir al Tribunal Constitucional si considera que se han invadido competencias del Estado. Sin embargo, ha querido restar importancia a una posible polémica y ha enmarcado varias veces la decisión en una "imagen de normalidad institucional", ya que la labor del Tribunal Constitucional es precisamente la de "arbitrar" cuando se produzce este choque de intereses. "Rajoy insistió en que el Gobierno va a seguir trabajando por garantizar los derechos y colaborar con las instituciones catalanas, pero siempre dentro del respeto a las leyes y la Constitución", ha insistido. Los tres recursos incluyen además la solicitud de suspensión cautelar de las leyes si son admitidas a trámite porque su contenido "tiene relevancia y trascendencia suficiente para que así sea", ha justificado el ministro pese a que Puigdemont pidió este miércoles a Rajoy que, al menos, no se hiciera uso de este mecanismo. Este asunto podría ser uno de los temas que aborden la próxima semana en la reunión que tienen prevista la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, para la que aún no hay una fecha cerrada y los equipos de ambos están trabajando para acordar los puntos a tratar y el orden del día.
