MURCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Juan Antonio de Heras, destacó hoy que si el caso Tótem --operación contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en Totana-- y el de Los Alcázares, denominado operación 'Ninette', "se pusieran en el platillo, mucho más preocupante es el del municipio marmenorense por la carga urbanística".
De Heras, quien hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, dejó entrever que en esta ocasión "no he oído al secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, que demande con la vehemencia con que lo hizo hace unas semanas, que la Administración regional asuma las competencias urbanísticas en Los Alcázares".
Es por ello por lo que se preguntó, ante esta situación, que "se tendría que hacer", si "rescatar no sólo las competencias urbanísticas, sino incluso disolver la propia corporación municipal", al tiempo que auguró que "esa vehemencia en el Ayuntamiento de Los Alcázares no está ni se la espera, ya que afecta a un ayuntamiento de distinto signo político".
Y es que, a su juicio, "la carga urbanística parece mucho más clara en el caso de Los Alcázares, porque todas las actuaciones que se han llevado a cabo en este Consistorio giran en torno a cuestiones urbanísticas".
Por el contrario, incidió, "no todas las cuestiones que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Totana giran alrededor de cuestiones urbanísticas, antes bien las relacionadas con el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y algún fleco adicional sí".
Así, apuntó que "parece que hay dos cuestiones distintas: irregularidades administrativas y temas urbanísticos". En esta línea, argumentó que en el municipio marmenorense "todo tiene que ver con naturaleza urbanística y todo lo que se está conociendo multiplica por muchísimo el acento urbanístico e incluso las cantidades que se están llegando a conocer".
Por el contrario, la operación 'Tótem' se refiere a una situación que, "por lo que ha trascendido, tiene mucho que ver con posibles irregularidades administrativas, pero no tanto que ver con cuestiones de trama de corrupción urbanística como pudiera ser el caso de Los Alcázares, donde no se habla de un alcalde o secretario del Ayuntamiento, sino del arquitecto municipal y otros cuatro arquitectos adicionales y un entramado que mucho tiene que ver con un urbanismo y muy poco con otras cosas".
NO HAY INSTRUMENTOS SUFICIENTES PARA RETIRAR COMPETENCIAS.
No obstante, hizo hincapié en que "no se nos puede pedir" retirar las competencias urbanísticas en el municipio marmenorense porque, subrayó, "no hay fundamentos suficientes como para que una Administración entre a saco en otra y le quite una competencia, porque siempre se actúa de acuerdo a la ley".
"Hay instrumentos y mecanismos, pero tampoco es el tiempo de llegar más allá en unas cuestiones que afectan a derechos que tienen las propias corporaciones municipales atribuidas por leyes", apostilló.
A renglón seguido, consideró que "adoptar una medida que signifique desposeer de determinadas competencias a otra administración no se puede hacer de manera arbitraria", por lo que manifestó que "pedir eso es tanto como pedir al Gobierno regional que prevarique y tome una resolución injusta a sabiendas de que es injusta".
De hecho, expresó, "la gravedad de los hechos tiene que ser notable, pero también reiterada" y, por el momento, "no es una cuestión todavía que esté dentro de las opciones que el Ejecutivo murciano plantee para el municipio".
Según el portavoz del Gobierno murciano, "la gobernabilidad de Los Alcázares se puede seguir garantizando sin necesidad de que la Administración rescate esa competencia, que tiene atribuida por ley ese Consistorio", a lo que añadió que "se seguirá manteniendo es la misma postura mientras no hayan elementos suficientes que indiquen lo contrario".
Por todo ello, dejó claro que este Ejecutivo "será exactamente igual de serio y prudente" en el caso de Los Alcázares, "porque lo contrario sería actuar por vaivenes de naturaleza política". El objetivo, puntualizó De Heras, es "garantizar que esa administración funcione con normalidad y garantizar a los ciudadanos de Los Alcázares sus derechos y servicios, además de vigilar y conseguir aquellas conductas que vayan contrarias a la norma".
Ante esta situación, afirmó que el Gobierno murciano "es prudente, consecuente y firme en sus decisiones", y garantizó que "los derechos de los ciudadanos de Los Alcázares, como los de Totana o cualquier otro municipio de la Región van a estar defendidos y velados por el Gobierno regional".
En definitiva, calificó el caso de Los Alcázares de "grave y preocupante", y lamentó que "nuevamente, conductas individuales ponen en entredicho la labor positiva que se viene desarrollando en líneas generales en los 45 ayuntamientos de la Región con los cargos públicos de cualquiera de las formaciones que han concurrido a las elecciones municipales y también perjudica a la imagen de la Región".
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